La búsqueda de justicia en México ha sido un camino largo y tortuoso, plagado de historias que nos recuerdan la urgente necesidad de una transformación profunda en nuestro sistema judicial. El caso de Marisela Escobedo, una madre que se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad, es un ejemplo desgarrador de cómo las fallas del sistema pueden tener consecuencias devastadoras. La liberación de un asesino confeso, la posterior revocación de la sentencia y el trágico final de Marisela nos interpelan como sociedad y nos obligan a cuestionar la eficacia y la ética de quienes imparten justicia.

¿Cómo es posible que un juez deje en libertad a alguien que ha confesado un crimen tan atroz? ¿Qué mecanismos de control y supervisión fallaron para permitir semejante injusticia? Estas preguntas, que resuenan con dolor en la memoria colectiva, son el punto de partida para comprender la importancia de la reforma al Poder Judicial. No se trata simplemente de un cambio administrativo, sino de una reestructuración que busca erradicar la corrupción, la negligencia y la impunidad que han permeado en el sistema durante décadas.

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial representa un paso fundamental en esta transformación. Al ser un órgano independiente, con la facultad de investigar y sancionar a cualquier servidor público del Poder Judicial, se rompe con la dinámica de protección y complicidad que ha impedido la rendición de cuentas. Este nuevo tribunal se convierte en un garante de la integridad y la probidad de los juzgadores, asegurando que su actuación se apegue a los principios de justicia y legalidad.

La reforma también empodera a la ciudadanía, otorgándole la posibilidad de denunciar cualquier irregularidad o abuso de poder por parte de jueces, magistrados o ministros. Esta apertura a la participación ciudadana es crucial para construir un sistema judicial transparente y responsable, donde la voz de las víctimas sea escuchada y se les garantice el acceso a la justicia.

Más allá de las estructuras y los procedimientos, la reforma al Poder Judicial implica un cambio de paradigma. Se busca formar juzgadores no solo con una sólida formación académica, sino también con un profundo compromiso ético y social. Jueces que comprendan la realidad del país, que sean sensibles al dolor de las víctimas y que ejerzan su función con la responsabilidad y la imparcialidad que exige el cargo.

La tarea no es sencilla, pero es impostergable. La transformación del Poder Judicial requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Debemos exigir que se cumplan las leyes, que se sancione a los culpables y que se garantice el acceso a la justicia para todos los mexicanos. El caso de Marisela Escobedo no debe repetirse. Es nuestro deber construir un sistema judicial que honre su memoria y que garantice un futuro donde la justicia sea una realidad para todos. La reforma es el primer paso, pero la verdadera transformación depende de nuestro compromiso y nuestra perseverancia.