La exclusión de las lenguas maternas en el proceso de reelección de la ombudsperson en San Luis Potosí ha encendido la alarma entre las comunidades indígenas del estado. Representantes de los pueblos Mazahua, Mixteca Baja y Otomí han alzado la voz, denunciando la vulneración de sus derechos y exigiendo la reposición del proceso. El eco de sus reclamos ha resonado en los tribunales federales, donde han encontrado amparo para su causa. El argumento central de su lucha se centra en la ausencia de una convocatoria traducida a sus lenguas originarias, un requisito fundamental para garantizar su participación plena e informada en la elección de quien defenderá los derechos humanos en la entidad.

Esta omisión, argumentan, no solo los margina del proceso de selección de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sino que también les impide formar parte del Consejo Ciudadano, un órgano vital para la defensa y promoción de sus derechos. El acompañamiento del Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz" ha sido crucial en este proceso, brindando apoyo legal y estratégico a las comunidades indígenas en su búsqueda de justicia. El Juzgado Sexto de Distrito, tras admitir el recurso presentado, ha dado un plazo al Congreso del Estado para que presente un informe detallado sobre el proceso de reelección.

La fecha límite, el 29 de mayo, se acerca rápidamente, y la presión sobre el legislativo estatal aumenta. Si se comprueba que las omisiones denunciadas dejaron en estado de indefensión a los pueblos originarios, el Congreso se verá obligado a reponer el proceso de elección, tanto para la titularidad de la CEDH como para la conformación de su Consejo Ciudadano. Este caso pone de manifiesto la persistente lucha de las comunidades indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos lingüísticos y culturales. Narciso Mendoza López, representante de la comunidad Mixteca Baja, relata la historia de marginación que ha sufrido su pueblo y la necesidad de recurrir a la vía legal para que sus voces sean escuchadas.

“Históricamente hemos sido ignorados, obligados a pelear por un lugar en la mesa de decisiones”, declara Mendoza López. “La reelección de Giovanna Argüelles sin una convocatoria en nuestra lengua es una clara violación a nuestros derechos. El artículo Noveno de la Constitución del Estado es claro: toda iniciativa debe ser traducida a las lenguas indígenas. El Congreso ha olvidado que existimos”, sentencia. Juana Francisco Juan, representante de la comunidad Otomí, se suma a la denuncia, enfatizando la importancia de preservar sus usos y costumbres, y la necesidad de que las autoridades respeten su derecho a la consulta. “No queremos que nuestra lengua se pierda”, afirma con vehemencia. “Necesitamos ser consultados, que se escuchen las voces de nuestros jóvenes y nuestros ancianos. El Congreso no cumplió con este deber fundamental.”

La presencia de Joaquín Martínez, de la comunidad Mazahua, y Catalina Torres Cuevas, defensora de la población discapacitada, durante el anuncio del amparo, refuerza la idea de una lucha conjunta por la inclusión y el respeto a la diversidad. El caso de la reelección de la ombudsperson en San Luis Potosí trasciende el ámbito local y se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en todo el país. La exigencia de una convocatoria en lenguas maternas no es solo un reclamo por la traducción de un documento, es una demanda por el reconocimiento de su identidad, su cultura y su derecho a participar plenamente en la construcción de un estado más justo e inclusivo. El fallo del Juzgado Sexto de Distrito sentará un precedente importante y podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se llevan a cabo los procesos electorales en el estado, garantizando la participación efectiva de todas las comunidades, sin importar su lengua o su origen.