La tensión en el puerto de Manzanillo continúa latente tras las recientes manifestaciones y los subsecuentes despidos de trabajadores. Más allá de las acusaciones de corrupción vertidas por las autoridades federales, los extrabajadores alzan la voz para denunciar lo que consideran una serie de injusticias laborales. Omar Chávez Sánchez, José Jorge Sánchez, Vladimir Ferruzca Jiménez y Edgar Rodríguez, con más de dos décadas de servicio en el puerto, relatan una historia de hostigamiento, presiones y despidos injustificados que contrasta con la versión oficial.

Lejos de aceptar su participación en una red de corrupción, estos trabajadores pintan un panorama laboral sombrío. Describen jornadas extenuantes de hasta 17 horas sin remuneración por horas extras, un ambiente de hostigamiento laboral e incluso, denuncias de acoso sexual hacia algunas compañeras. Aseguran que sus derechos humanos han sido vulnerados sistemáticamente y que, a diferencia de administraciones anteriores, el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas han sido reemplazados por la represión.

El caso de Edgar Rodríguez Ávila añade otra capa de complejidad al conflicto. En medio de una disputa legal por la custodia de sus hijas, Rodríguez Ávila solicitó un permiso que le fue denegado. Optó entonces por tomar sus vacaciones para atender su situación familiar, pero al regresar se encontró con una reducción en su salario y, tras 64 días de incertidumbre en Recursos Humanos, fue despedido. La coincidencia temporal con las manifestaciones, a pesar de que Rodríguez Ávila se encontraba en los juzgados durante las mismas, lo coloca en la lista de presuntos implicados en la red de corrupción. Él lo considera una prueba más de las arbitrariedades que denuncia.

Los trabajadores relatan que la primera manifestación, realizada el lunes, culminó con una mesa de diálogo y el acuerdo de atender sus demandas. Sin embargo, la situación se agravó al día siguiente con nuevas presiones, acoso y despidos, lo que desencadenó una segunda manifestación el miércoles. Esta se prolongó hasta el viernes en la madrugada, momento en que fueron reprimidos por fuerzas federales. A pesar de la tensión y la represión, los trabajadores descartan nuevas manifestaciones, pero insisten en la necesidad de un diálogo genuino que les permita recuperar sus empleos y aclarar las acusaciones en su contra.

Además, señalan la ineficiencia de la actual administración como la causa del colapso que sufrió el puerto durante el fin de semana, justo después de las manifestaciones y en ausencia de cualquier tipo de protesta. Ante los señalamientos de corrupción, Chávez Sánchez recuerda que todos los agentes aduanales se someten a procesos de control de confianza. Sobre el video que muestra un pago durante una de las manifestaciones, aclara que se trataba de la contratación de sillas y toldos para protegerse de las altas temperaturas, que alcanzaron los 45 grados en Manzanillo. El calor extremo, argumentan, los obligó a buscar una mínima protección durante su protesta.

La situación en el puerto de Manzanillo sigue siendo un foco de atención. La versión de los trabajadores despedidos contrasta con la postura oficial, abriendo interrogantes sobre las condiciones laborales y el manejo del conflicto por parte de las autoridades. ¿Se investigarán a fondo las denuncias de los trabajadores? ¿Se abrirá un espacio de diálogo real para buscar soluciones? El futuro del puerto y la justicia para los trabajadores despedidos dependen de las respuestas a estas preguntas.