La proliferación de "franeleros" en la Ciudad de México se ha convertido en una problemática persistente que afecta la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca abordar esta situación de raíz, proponiendo un cambio significativo en las sanciones aplicadas a quienes ejercen esta actividad. El diputado Paulo García, vocero de la bancada de Morena, ha explicado que la propuesta plantea sustituir la actual sanción económica de 300 pesos por un arresto de hasta 36 horas. Esta medida, que modificaría la Ley de Cultura Cívica, busca disuadir con mayor eficacia la práctica del "franelerismo" y garantizar el libre tránsito en el espacio público.

La problemática radica en que la sanción económica actual, según se ha constatado, no resulta lo suficientemente disuasiva. La facilidad para reincidir en la falta, pagando la multa, perpetúa el ciclo de extorsión y coacción que muchos ciudadanos experimentan al buscar un lugar para estacionar sus vehículos. Los testimonios de los vecinos, recogidos y analizados por las autoridades, revelan un patrón de comportamiento en el que los "franeleros" exigen cantidades excesivas de dinero, convirtiendo lo que debería ser un servicio opcional en una imposición forzada. Esta situación no solo afecta el bolsillo de los automovilistas, sino que también genera un clima de inseguridad y vulnerabilidad en las calles de la ciudad.

La propuesta de arresto de hasta 36 horas busca, por tanto, ser una medida más contundente para frenar esta práctica. Se espera que la privación de la libertad, aunque sea por un periodo corto, tenga un mayor impacto disuasivo y contribuya a erradicar el "franelerismo". Además, la iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por garantizar el acceso libre y seguro a los espacios públicos, incluyendo los espacios culturales. La Jefa de Gobierno ha enfatizado la importancia de que los ciudadanos puedan disfrutar de la ciudad sin ser víctimas de extorsión o coacción.

Sin embargo, la propuesta también ha generado debate. Algunos sectores argumentan que la medida podría criminalizar la pobreza y afectar a personas que se dedican a esta actividad por falta de otras oportunidades laborales. Ante estas preocupaciones, se espera que el Congreso de la Ciudad de México abra un espacio de diálogo para discutir la iniciativa y buscar soluciones que atiendan la problemática del "franelerismo" de manera integral, considerando tanto la seguridad ciudadana como las necesidades de los sectores más vulnerables. Se ha planteado la necesidad de implementar programas sociales que ofrezcan alternativas de empleo a quienes se dedican a esta actividad, combinando así la aplicación de la ley con políticas públicas de inclusión social.

El debate en torno a la iniciativa se centra en encontrar un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y sin ser extorsionados, y la necesidad de abordar las causas subyacentes que llevan a algunas personas a dedicarse al "franelerismo". La discusión en el Congreso se prevé intensa, con la participación de diversos actores sociales, incluyendo representantes vecinales, expertos en seguridad ciudadana y organizaciones defensoras de los derechos humanos. El objetivo final es construir una ciudad más segura y justa para todos, donde el espacio público sea realmente un espacio de convivencia y disfrute para todos los habitantes. El futuro de la iniciativa y su impacto en la vida cotidiana de los capitalinos dependerá del resultado de este proceso de diálogo y deliberación.