La detención de Ignacio Córdova Cruz tras las protestas en Xalapa ha desatado una ola de indignación y preocupación entre familiares, amigos y activistas. El joven de 34 años, participante en la marcha "antihomenaje" al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, fue arrestado el jueves 15 de mayo, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus allegados. Inicialmente reportado como desaparecido, la incertidumbre se apoderó de su familia, quienes temían lo peor. La zozobra se prolongó por horas, incrementando la presión en redes sociales con la etiqueta #DondeEstaNacho. Finalmente, la confirmación de su detención en el cuartel "San José" trajo un alivio momentáneo, que pronto se transformaría en una nueva angustia al conocerse su traslado a las instalaciones de la Policía Ministerial en Las Trancas. La versión oficial cambió: Nacho ya no estaba detenido por una falta administrativa, sino a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de estragos.

Este cambio repentino en la narrativa oficial levanta serias dudas sobre el debido proceso y la posible criminalización de la protesta social. La celeridad con la que se modificó la acusación contrasta con la lentitud que a menudo caracteriza las investigaciones de delitos de alto impacto en el estado. ¿Es casualidad que la detención de Nacho Córdova se produzca en el contexto de una manifestación política? ¿Se está utilizando el sistema judicial para silenciar voces disidentes? Estas preguntas resuenan con fuerza en un estado marcado por la violencia y la impunidad.

La historia de Nacho Córdova se entrelaza con la de otros jóvenes activistas que han sufrido persecución por alzar la voz. Su participación en los movimientos estudiantiles de 2015, donde fue víctima de una brutal agresión, evidencia un patrón de hostigamiento contra quienes cuestionan el poder. El hecho de que ahora se le acuse de estragos por participar en una protesta donde hubo actos vandálicos, sin pruebas contundentes que lo vinculen directamente con los mismos, refuerza la teoría de una persecución política. ¿Se está utilizando el caso de Nacho para enviar un mensaje de intimidación a quienes se atreven a manifestarse?

La denuncia presentada por el PRI añade otra capa de complejidad al caso. Si bien es legítimo que el partido busque justicia por los daños sufridos en sus instalaciones, es crucial que la investigación se lleve a cabo con imparcialidad y que no se utilice como pretexto para criminalizar la protesta social. La mención de las amenazas recibidas por candidatos priistas, aunque relevante en el contexto electoral, no debe desviar la atención del caso específico de Nacho Córdova y la necesidad de garantizar su debido proceso.

En un clima de creciente polarización política, es fundamental defender el derecho a la protesta pacífica y exigir que las autoridades actúen con transparencia y apego a la ley. La detención de Nacho Córdova Cruz no puede convertirse en un símbolo de la criminalización de la disidencia. La sociedad veracruzana debe mantenerse vigilante y exigir la liberación inmediata de Nacho si no se presentan pruebas sólidas que justifiquen su detención. El futuro de la democracia depende de la garantía de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la protesta.