La sombra de la sospecha se alarga sobre la clase política mexicana. Lo que antes era una práctica común, casi un derecho adquirido –el libre tránsito y la posesión de bienes e intereses al norte de la frontera–, hoy se convierte en un privilegio en entredicho. El telón de acero que separa a México de Estados Unidos, siempre poroso para la élite política, comienza a cerrarse. La cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no es un incidente aislado, sino un síntoma de una fractura profunda en la relación bilateral. Más allá de la retórica oficial, la realidad es que la cooperación en seguridad se ha deteriorado significativamente. El gobierno de López Obrador, con sus acusaciones de injerencia a agencias estadounidenses, abrió una caja de Pandora cuyas consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse.

La diplomacia, como un juego de ajedrez, se rige por el principio de reciprocidad. A cada movimiento, una respuesta. Y la respuesta de Washington ha sido contundente: una línea dura que no se veía en décadas. Si bien el alcance de las sanciones aún no está claro, la cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California es una señal inequívoca. Un mensaje dirigido no solo a ella, sino a toda la clase política mexicana: los tiempos de la impunidad han terminado. La cercanía de Ávila con el círculo de Claudia Sheinbaum añade otra capa de complejidad al asunto. ¿Será este el primer paso de una purga más amplia? Fuentes diplomáticas sugieren que la decisión fue unilateral por parte del gobierno estadounidense, lo que aumenta la incertidumbre y la tensión.

El silencio oficial alimenta las especulaciones. La negativa del gobierno estadounidense a compartir las razones de la cancelación de la visa, y las vagas explicaciones de la gobernadora, crean un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Mientras tanto, las filtraciones a la prensa, como la de ProPublica sobre la posible cancelación de visas a expresidentes, miembros del gabinete y figuras clave de Morena, añaden leña al fuego. La posibilidad de que se investiguen vínculos con el crimen organizado pone en jaque el discurso oficial de cero tolerancia a la corrupción.

La semana pasada fue un torbellino de información, cada pieza aparentemente desconectada, pero con el potencial de formar un rompecabezas inquietante. La llegada a Estados Unidos de 17 familiares de Ovidio Guzmán, bajo proceso judicial como parte de un acuerdo con las autoridades, sugiere que el Cártel de Sinaloa está hablando. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué nombres saldrán a la luz? La incertidumbre es palpable.

El informe de la DEA, que refuerza la tesis de la cooptación del territorio mexicano por el narcotráfico y las millonarias ganancias obtenidas a través del huachicol, apunta directamente a la complicidad de empresas y autoridades mexicanas. La sombra de la sospecha se extiende, y cada día son más los gobernantes que miran hacia el norte con nerviosismo. El tablero político nacional se encuentra al borde del incendio, y las piezas se mueven con una velocidad vertiginosa. ¿Quiénes serán los siguientes en caer? El futuro es incierto, pero una cosa es segura: los días de la impunidad parecen estar llegando a su fin.