La tragedia ocurrida en Tultitlán en julio de 2022, y que ha resurgido con fuerza en redes sociales, nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la imperante necesidad de justicia. Las imágenes, crudas y desgarradoras, muestran cómo Alejandro Campos, un joven ciclista de 29 años, pierde la vida en un instante a causa de una cadena de imprudencias. La apertura repentina de la puerta de una camioneta de lácteos, estacionada en el Boulevard Tultitlán Poniente por una supuesta falla mecánica, lo proyecta directamente al paso de un tráiler, cuyo impacto resulta fatal.

Más allá del horror del accidente en sí, lo que verdaderamente indigna es la aparente indiferencia del conductor de la camioneta. En el video se observa cómo, tras percatarse del trágico desenlace, su reacción no es la de auxiliar a la víctima, sino la de revisar su vehículo. Junto a su compañero, inspecciona la puerta causante del accidente, mueve la camioneta en reversa para alejarla de la escena y solo después regresa al lugar donde yace el cuerpo sin vida de Alejandro, ya rodeado de personas. Esta actitud, fría y calculadora, plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad moral y la empatía en nuestra sociedad. ¿Fue un accidente o una negligencia criminal? La línea entre ambas se difumina ante la pasividad del conductor.

El caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. Refleja la impunidad que a menudo rodea los accidentes de tránsito, especialmente aquellos que involucran a ciclistas y peatones, los actores más vulnerables en la vía pública. La falta de avances en la investigación, a casi tres años de ocurridos los hechos, a pesar de la existencia de videos que documentan el suceso, es una muestra palpable de las deficiencias del sistema judicial. La denuncia del padre de Alejandro, Eduardo Campos, quien ha buscado justicia incansablemente, pone en evidencia la lucha desigual contra la burocracia y la falta de compromiso de las autoridades. Su testimonio desgarrador nos interpela como sociedad: ¿cuántas víctimas más serán necesarias para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad vial y se sancione con rigor a los responsables?

La falta de colaboración de las empresas propietarias de los vehículos involucrados, al no proporcionar información sobre los conductores, añade otra capa de complejidad al caso. Este silencio cómplice dificulta la identificación y el procesamiento de los responsables, perpetuando la impunidad. Asimismo, la negativa del gimnasio donde trabajaba Alejandro a reconocerlo como empleado, añade un componente de injusticia laboral a la tragedia, dejando a la familia sin el apoyo que les corresponde.

La difusión del video en redes sociales, aunque dolorosa, es una herramienta poderosa para visibilizar el caso y exigir justicia para Alejandro. Es un llamado a la conciencia colectiva para que este tipo de tragedias no se repitan. La seguridad vial no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Es necesario que las autoridades actúen con diligencia y transparencia, que las empresas asuman su responsabilidad y que, como sociedad, promovamos una cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas. La memoria de Alejandro y el dolor de su familia merecen justicia. No permitamos que este caso se sume a la larga lista de tragedias olvidadas.