Millones de familias mexicanas, que dependen del sustento que con esfuerzo y sacrificio envían sus seres queridos desde Estados Unidos, se encuentran en la incertidumbre ante la amenaza de un nuevo impuesto del 5% a las remesas. Esta propuesta, impulsada por el legislador republicano Jason Smith, ha generado una ola de indignación y preocupación no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, donde las remesas representan un pilar fundamental para la economía de muchas naciones.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, ha alzado la voz con firmeza, calificando la iniciativa como un "ataque directo a la dignidad" de más de 40 millones de mexicanos que residen y trabajan en Estados Unidos. En un enérgico mensaje, Alcalde Luján ha denunciado la propuesta como discriminatoria, abusiva e injusta, argumentando que implica una doble tributación sobre ingresos que ya han sido gravados en el país de origen. Además, señala la violación de principios básicos de equidad tributaria, al afectar de manera desproporcionada a quienes no cuentan con la ciudadanía estadounidense.

Esta medida, lejos de solucionar los problemas que pretende abordar, podría generar consecuencias devastadoras para las familias que dependen de estas remesas. El impacto económico se sentiría con fuerza en comunidades enteras, limitando su acceso a servicios básicos como alimentación, educación y salud. Además, existe el riesgo de que esta medida incentive el uso de canales informales para el envío de dinero, lo que a su vez incrementaría la vulnerabilidad de los migrantes ante el crimen organizado y la falta de garantías legales.

La incertidumbre y la angustia se palpan en los hogares mexicanos. Madres y padres de familia, que cuentan con ese apoyo para sostener a sus hijos, se preguntan cómo harán frente a esta nueva carga económica. Jóvenes estudiantes que dependen de las remesas para continuar sus estudios, ven amenazado su futuro. Adultos mayores que reciben este apoyo para cubrir sus necesidades básicas, se enfrentan a un panorama de precariedad.

La propuesta del legislador Smith no solo ignora la realidad de millones de familias, sino que también desconoce el aporte fundamental que los migrantes mexicanos realizan a la economía estadounidense. Su trabajo, a menudo en condiciones precarias y con salarios bajos, contribuye al desarrollo de diversos sectores productivos en Estados Unidos. Imponer un impuesto a las remesas es, en esencia, castigar el esfuerzo y la dedicación de quienes buscan una vida mejor para sí mismos y sus familias.

Desde México, la respuesta ha sido contundente. El partido Morena, a través de su presidenta Luisa María Alcalde Luján, ha expresado su total rechazo a esta medida y ha reiterado su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en cualquier decisión que tome en defensa de la soberanía nacional. Se espera que el gobierno mexicano emprenda acciones diplomáticas para proteger los derechos de sus connacionales y evitar la imposición de este injusto impuesto.

La lucha por la dignidad de los migrantes mexicanos y el bienestar de sus familias apenas comienza. Es fundamental que la comunidad internacional se una para condenar esta propuesta y exigir respeto a los derechos humanos de quienes, con su trabajo y sacrificio, contribuyen al desarrollo de ambos países. La historia nos ha enseñado que la unidad y la solidaridad son las armas más poderosas para enfrentar la injusticia. Es momento de alzar la voz y defender a quienes, con su esfuerzo, construyen un futuro mejor para todos.