La tensión crece entre México y Estados Unidos ante la propuesta de un impuesto del 5% a las remesas enviadas por trabajadores mexicanos. Este gravamen, impulsado por el partido republicano y parte del plan de recortes fiscales del presidente estadounidense, ha encendido las alarmas en México, donde se considera una medida discriminatoria y una violación de un tratado bilateral. El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha sido contundente al afirmar que la propuesta incumple el tratado para evitar la doble tributación vigente desde 1994. Según Amador, los ingresos provenientes de las remesas ya han sido gravados en Estados Unidos, por lo que un impuesto adicional constituiría una doble imposición, una carga injusta para los trabajadores mexicanos y sus familias.

La preocupación del gobierno mexicano se centra en el impacto económico y social de esta medida. Las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas, contribuyendo significativamente a la economía del país. Un impuesto del 5% reduciría considerablemente el dinero que llega a México, afectando el consumo, la inversión y el bienestar general de las comunidades receptoras. Además del impacto económico, se teme que el impuesto genere un clima de discriminación y estigmatización hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. La medida podría ser interpretada como un castigo a los trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y exacerbar las tensiones bilaterales.

El Secretario Amador ha argumentado que la propuesta no solo viola el tratado bilateral, sino que también contraviene las prácticas internacionales y posiblemente las propias normas internas de Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles impugnaciones legales. Ha destacado la transparencia y regulación del sistema de remesas, que en su mayoría se realizan a través de transferencias electrónicas y son monitoreadas por las autoridades de ambos países. Este argumento busca desmentir la justificación de la medida en términos de seguridad fronteriza, ya que el sistema actual permite un control efectivo de los flujos de dinero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado una postura firme frente a la propuesta, llamando a la acción a los mexicanos residentes en Estados Unidos. Les ha instado a enviar cartas a sus congresistas, independientemente de su estatus migratorio, para expresar su rechazo a la medida y denunciar su carácter discriminatorio. Sheinbaum ha adelantado que su gobierno podría tomar otras acciones para visibilizar la oposición de México a esta política, dejando entrever la posibilidad de medidas diplomáticas y de presión política. El gobierno mexicano busca movilizar a la comunidad internacional y a la opinión pública para presionar al gobierno estadounidense y evitar la aprobación de esta medida.

El debate sobre el impuesto a las remesas se enmarca en un contexto de creciente tensión en la relación bilateral. La propuesta, impulsada por el partido republicano, busca financiar las exenciones fiscales prometidas por el presidente y reforzar las medidas de seguridad fronteriza. Sin embargo, críticos argumentan que se trata de una medida injusta y contraproducente que afectará negativamente a las familias mexicanas y a la economía del país. La incertidumbre sobre el futuro de la propuesta mantiene en vilo a millones de personas a ambos lados de la frontera, mientras el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos para bloquear su aprobación. El desenlace de esta controversia tendrá importantes implicaciones para la relación bilateral y para el futuro de las remesas, un flujo vital de recursos para México.