Las costas mexicanas, un tesoro de biodiversidad y belleza natural, se enfrentan a una creciente presión por el desarrollo desmedido. La reciente operación de la Profepa, reveladora de un preocupante escenario, ha puesto en evidencia la fragilidad de estos ecosistemas ante la voracidad de proyectos inmobiliarios y turísticos que operan al margen de la ley. Desde Yucatán hasta Chiapas, pasando por Baja California Sur y Veracruz, la huella de la irregularidad se manifiesta en la construcción de edificios sobre dunas costeras, la destrucción de vegetación vital para el equilibrio ecológico y la edificación de infraestructuras que alteran irreversiblemente el paisaje costero. La imagen de maquinaria pesada devorando el hábitat natural contrasta dramáticamente con la misión de conservación que debería primar en estas zonas.

La clausura de obras en lugares tan emblemáticos como Telchac y Sisal en Yucatán, donde la construcción de edificios amenaza la integridad de las dunas costeras, es un llamado de atención urgente. Estas barreras naturales, esenciales para la protección contra la erosión y el embate de las tormentas, son vitales para la supervivencia de los ecosistemas costeros. Su destrucción pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la seguridad de las comunidades que dependen de ellas.

En Chiapas, la situación no es menos alarmante. Las clausuras en las playas Puerto Arista y del Sol, por la construcción de infraestructuras y la eliminación de vegetación, reflejan una preocupante tendencia a priorizar el desarrollo económico por encima de la preservación ambiental. La construcción de una pista de aterrizaje dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, un sitio de crucial importancia para la conservación de la biodiversidad, es un ejemplo flagrante de la vulnerabilidad de estas áreas protegidas ante la presión de intereses particulares.

El caso de Baja California Sur, con clausuras en playa Los Cerritos e Isla Magdalena, reafirma la necesidad de una vigilancia constante y efectiva para frenar la construcción ilegal en zonas costeras. La construcción de un carril para vehículos en la Zona Federal Marítimo Terrestre en Veracruz, evidencia la falta de respeto a la legislación ambiental y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción.

Más allá de las clausuras, los aseguramientos realizados por la Profepa revelan una problemática aún más compleja. El decomiso de maquinaria pesada, como excavadoras y retroexcavadoras, ilustra la magnitud de las operaciones ilegales que se llevan a cabo en estas zonas. El hallazgo de un mono capuchino y un lémur de cola anillada en playa “Los Muertos” en Puerto Vallarta, pone de manifiesto el tráfico ilegal de especies y la necesidad de reforzar las medidas para combatir este delito. El aseguramiento de 76 huevos de tortuga lora en la playa Coatzacoalcos, en Veracruz, subraya la vulnerabilidad de estas especies en peligro de extinción y la importancia de proteger sus sitios de anidación.

La declaración de la titular de la Profepa, Mariana Boy, sobre el inicio de los procedimientos legales correspondientes, ofrece un rayo de esperanza. Sin embargo, es fundamental que estas acciones se traduzcan en sanciones ejemplares que disuadan futuras violaciones a la normatividad ambiental. La protección de los ecosistemas costeros mexicanos requiere un compromiso firme y sostenido por parte de las autoridades, la sociedad civil y el sector privado. Solo a través de una acción conjunta y decidida podremos garantizar la preservación de estos tesoros naturales para las futuras generaciones. El futuro de nuestras costas está en juego, y no podemos permitir que la avaricia y la indiferencia las condenen a la destrucción.