La posible implementación de un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México ha generado una intensa controversia y preocupación en ambos lados de la frontera. El gobierno mexicano, a través de la voz de Roberto Velasco, ha calificado la medida como discriminatoria y violatoria del tratado fiscal bilateral, argumentando que constituye una doble tributación para los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

El argumento central del gobierno mexicano se basa en el Convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición, vigente desde 1994. Este acuerdo establece que un residente, para efectos del tratado, es cualquier persona sujeta a imposición en cualquiera de los dos países por razón de su domicilio, residencia o cualquier otro criterio análogo. Esto significa que la condición migratoria del individuo no es relevante para determinar su sujeción a impuestos. Por lo tanto, un mexicano residiendo en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, ya está pagando impuestos en ese país sobre sus ingresos.

Al aplicar un impuesto adicional del 5% a las remesas, se estaría gravando por segunda vez una renta que ya ha sido tributada en Estados Unidos. Esto contraviene el principio de no doble tributación establecido en el tratado. Imaginemos a un trabajador mexicano en Estados Unidos que envía dinero a su familia en México. Ese dinero, producto de su salario, ya ha sido gravado con impuestos en Estados Unidos. Al llegar a México, se le aplicaría un nuevo impuesto, lo que representa una carga adicional para el migrante y su familia.

La propuesta legislativa en Estados Unidos no solo preocupa por la doble tributación, sino también por su naturaleza discriminatoria. La redacción de la propuesta establece que el impuesto solo aplicaría a nacionales que no sean ciudadanos estadounidenses. Esto significa que un ciudadano estadounidense que envía dinero a su país de origen no estaría sujeto a este impuesto, mientras que un mexicano en la misma situación sí lo estaría. Esta distinción basada en la nacionalidad es lo que el gobierno mexicano considera discriminatorio y contrario al principio de trato fiscal no discriminatorio establecido en el tratado bilateral.

Esta situación genera una serie de interrogantes. ¿Cómo afectará este impuesto a la economía mexicana, que depende en gran medida de las remesas? ¿Qué impacto tendrá en las familias mexicanas que reciben estos envíos de dinero? ¿Se abrirá un nuevo frente de conflicto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos?

El gobierno mexicano ha dejado claro que defenderá los derechos de sus ciudadanos y el cumplimiento del tratado fiscal. La situación se mantiene en desarrollo y se espera que las negociaciones diplomáticas entre ambos países sean cruciales para encontrar una solución que respete los derechos de los migrantes y los acuerdos internacionales. El futuro de las remesas y el bienestar de millones de familias dependen del resultado de estas negociaciones. Se espera que prevalezca el diálogo y la cooperación para evitar una escalada de tensiones y encontrar una solución justa y equitativa para todos.