La precariedad laboral se cierne como una sombra sobre los empleados de la empresa de limpieza Ocram Seyer, quienes, con la valentía que nace de la desesperación, han alzado la voz para denunciar las condiciones injustas a las que son sometidos. Desde la falta de pagos completos y la ausencia de prestaciones, hasta despidos injustificados, la lista de agravios pinta un panorama desolador para quienes, irónicamente, se dedican a mantener limpios los espacios de salud y las dependencias gubernamentales.

Los testimonios, desgarradores y provenientes de diversos rincones del país, dibujan un patrón de abuso sistemático. Imaginen la angustia de Martha, empleada del Hospital 20 de Noviembre, quien a pesar de la entrega y dedicación en su labor, ve cómo sus esfuerzos no se traducen en el sustento para ella y su familia. “Cumplimos con nuestro trabajo, pero no nos pagan”, sus palabras resuenan con la impotencia de quien se siente invisible ante un sistema que parece ignorar sus derechos. Su historia se replica en la de Javier, quien se vio obligado a trabajar sin el uniforme ni el equipo de protección necesarios, exponiéndose a riesgos innecesarios con la promesa incumplida de que, “después de tres meses de prueba”, recibiría lo indispensable para desempeñar su labor con seguridad. ¿Tres meses de prueba trabajando en condiciones inseguras? Una promesa vacía que deja al descubierto la falta de consideración por la integridad de estos trabajadores.

La situación se agrava aún más al considerar que entre los afectados se encuentran adultos mayores, quienes, tras años de servicio, se ven despojados de su derecho a la seguridad social. La excusa de la empresa, que la afiliación al IMSS comprometería su pensión, no solo es legalmente cuestionable, sino que revela una profunda falta de ética y respeto hacia quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo. Despedirlos bajo este argumento es una crueldad que no puede ser tolerada.

Y la ironía se vuelve aún más amarga al pensar en los espacios donde estos trabajadores desempeñan sus funciones: quirófanos, áreas de aislamiento, lugares donde la higiene y la protección son cruciales, no solo para su propia seguridad, sino para la salud de los pacientes. ¿Cómo podemos garantizar la salubridad de nuestros hospitales si quienes se encargan de la limpieza son tratados con tal desprecio? La falta de insumos básicos y la precariedad laboral no solo afectan a los trabajadores, sino que ponen en riesgo la salud pública.

A pesar de los comunicados emitidos por el ISSSTE, las denuncias persisten, lo que indica que las acciones tomadas, si es que las ha habido, son insuficientes. La impunidad con la que Ocram Seyer opera, amparada en contratos con instituciones públicas, es una señal alarmante de la falta de control y supervisión por parte de las autoridades. ¿Hasta cuándo se permitirá que esta empresa continúe vulnerando los derechos de sus trabajadores?

Los casos documentados en Veracruz, Quintana Roo y otras entidades del país, demuestran que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica extendida que exige una respuesta contundente. La posibilidad de una demanda colectiva es un paso importante en la búsqueda de justicia, un rayo de esperanza para quienes han sido víctimas de este sistema de explotación. Es hora de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y garanticen que Ocram Seyer cumpla con sus obligaciones laborales y respete los derechos fundamentales de sus empleados. La dignidad del trabajo no puede ser negociable.