Nos encontramos ante una encrucijada democrática. Un experimento electoral que, en lugar de generar entusiasmo e interés, despierta apatía y desconfianza. La sombra de la manipulación política se cierne sobre el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, un proceso que, paradójicamente, se presenta bajo el disfraz de la participación ciudadana. Pero, ¿qué legitimidad puede tener una elección en la que la gran mayoría decide no participar?

La pregunta no es retórica. En un país con un padrón electoral de 100 millones de personas, la participación se convierte en el pilar fundamental de la democracia. Si solo un puñado de personas, motivadas por intereses particulares, acude a las urnas, el resultado no puede considerarse representativo de la voluntad popular. ¿Qué validez puede tener un proceso electoral en el que la abstención es la protagonista? ¿Cómo pueden quienes resultan "electos" con una mínima participación ciudadana pretender representar a la totalidad del pueblo?

Imaginemos un escenario extremo: menos del 20% del padrón electoral decide participar en la elección de los nuevos magistrados. ¿Sería legítimo el resultado? Desde luego que no. Estaríamos ante una farsa democrática, un simulacro de participación ciudadana que solo serviría para legitimar un proceso viciado de origen. Un puñado de votos no puede justificar la imposición de una figura judicial que carece del respaldo popular.

La baja participación no es un fenómeno aislado. Es el reflejo de un profundo malestar social, de una desconfianza generalizada en las instituciones y en los procesos electorales. Es la expresión del hartazgo ciudadano ante la manipulación política y la corrupción. Y, en este contexto, la abstención se convierte en una forma de protesta, en un mensaje contundente de rechazo al sistema.

Es cierto que votar es un derecho, pero también lo es no hacerlo. En un país de libertades, la abstención es una forma legítima de expresar la disconformidad, de manifestar el repudio a un proceso electoral que se percibe como ilegítimo. Y, en este caso, la abstención masiva se convierte en un acto de resistencia, en una defensa de la verdadera democracia.

El proceso electoral en cuestión ha estado plagado de irregularidades desde su inicio. La legalidad ha sido atropellada, el marco jurídico vigente ignorado, y el proceso legislativo vulnerado. Se ha permitido la participación de personas vinculadas al crimen organizado, incluso de individuos con sentencias por delitos. Ante este panorama desolador, la abstención se convierte en la única opción válida para quienes no quieren ser cómplices de esta farsa democrática.

No se trata de apatía, sino de convicción. La decisión de no participar es una forma de protesta, una manera de expresar el rechazo a un sistema que ha perdido su legitimidad. Es un llamado de atención a la clase política, una exigencia de transparencia y de respeto a la voluntad popular. Y es, sobre todo, una defensa de la democracia, una apuesta por un futuro en el que la participación ciudadana sea real y efectiva.

¿Votar o vetar? La decisión es personal, pero debe ser consciente. Votar implica avalar un proceso viciado de origen. Vetar, en cambio, significa manifestar el rechazo, exigir un cambio, defender la democracia. La elección está en nuestras manos.