La creciente ola de violencia en Veracruz pinta un panorama sombrío en vísperas de las elecciones del 1 de junio. No hablamos solo de la elección de jueces, sino de la designación de los líderes municipales, figuras clave en el tejido social de cada comunidad. La seguridad, o mejor dicho, la alarmante falta de ella, se cierne como una amenaza sobre el proceso democrático. Cinco mil elementos de seguridad para un partido de fútbol en la CDMX, mientras que en Veracruz, donde la vida de candidatos y funcionarios pende de un hilo, la protección efectiva brilla por su ausencia. ¿Es que acaso un partido de fútbol amerita más resguardo que la integridad de quienes buscan servir al pueblo? El caso de Germán Valencia, candidato de Morena asesinado en su propia casa de campaña en Coxquihui, es escalofriante. Y aún más estremecedor es el asesinato de Yesenia Lara, un acto de barbarie capturado en video, que evidencia la impunidad con la que operan estos grupos criminales. ¿Por qué no contaba con protección, sobre todo considerando el antecedente del asesinato de su esposo durante su periodo como regidor? La infiltración de presuntos sicarios en su caravana, culminando en la tragedia de Texistepec con cinco personas fallecidas, nos obliga a cuestionar la permeabilidad de las estructuras de seguridad y la vulnerabilidad de quienes se atreven a participar en la política. La cobardía del sicario que disparó por la espalda a una mujer desarmada es un reflejo de la degradación de la violencia que azota al estado. A esto se suma el doble homicidio del ex alcalde de Atocpan, Esteban Alfonseca Salazar, y el ex regidor Edmundo Martínez Pérez, tras un mitin político. ¿Hasta cuándo seguiremos contando muertos en lugar de votos? Veracruz necesita acciones contundentes, no solo discursos vacíos. Se requiere una estrategia de seguridad real y efectiva que garantice la vida de los candidatos y la transparencia del proceso electoral. De lo contrario, la democracia se convierte en una farsa teñida de sangre.

Por otro lado, el revuelo causado por la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres, ha desatado un torbellino de especulaciones. Mientras la gobernadora lo atribuye a simples "problemas administrativos", versiones periodísticas apuntan a "nexos ilícitos". Se abre un abanico de posibilidades que van desde cuestiones burocráticas hasta hipótesis más oscuras. ¿Turismo gineco-obstétrico, como el que hoy persigue Trump? La opacidad en este caso alimenta la incertidumbre y la desconfianza. La ciudadanía merece una explicación clara y convincente que disipe las dudas y restablezca la credibilidad.

Y en el mundo de las redes sociales, la figura de Sandra Cuevas se ha convertido en un fenómeno peculiar. Su constante aparición en fotografías junto a famosos recientemente fallecidos ha generado una ola de comentarios y memes. Más allá de la anécdota, la sombra de las investigaciones por presunto lavado de dinero, tras la compra de un cuadro con grandes cantidades de efectivo, planea sobre su proyecto "Diamonds". Su repentina desaparición de las redes, seguida de una reaparición en la FES Aragón, donde curiosamente las críticas se dirigieron a la Universidad y no a ella, deja un sabor amargo. ¿Diamonds Laundry sería un nombre más apropiado para sus empresas?

Finalmente, el caso de la influencer Valeria Márquez nos presenta otro enigma. ¿Derecho de piso? ¿Tráfico de drogas? ¿Un desencuentro amoroso? ¿La riqueza derivada de sus negocios o un supuesto "Sugar Daddy"? Las posibilidades son múltiples y la falta de información nos impide llegar a una conclusión. Lo que sí es evidente es que la violencia, la corrupción y la impunidad se entrelazan en una compleja red que amenaza la estabilidad social y el futuro del país. Urge una respuesta contundente de las autoridades para frenar esta espiral descendente y garantizar un futuro más seguro y justo para todos.