La sombra de la impunidad se cierne sobre el Centro de Reinserción Social número 14 “El Ámate” en Chiapas. A pesar de la evidencia que apunta a una red de pederastia operando dentro de sus muros, tras la muerte del youtuber Yudiel Flores Tovar, alias “El Coyote Consentido”, las autoridades penitenciarias permanecen imperturbables en sus cargos. Un silencio incómodo, casi ensordecedor, contrasta con la gravedad de las acusaciones. Dalmacio Becerril Tapia, director del penal, y su equipo de seguridad y administrativos continúan sus labores como si nada hubiera ocurrido, mientras la sociedad chiapaneca exige respuestas y justicia.

Las declaraciones del Secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, lejos de tranquilizar, alimentan la incertidumbre. Su escueto “coadyuvamos en la investigación” y la reiterada negativa a proporcionar detalles bajo el pretexto de no entorpecer las diligencias, dejan un sabor amargo en la boca. La frase “sigue en el cargo hasta que no se demuestre lo contrario” resuena con un eco inquietante, ¿acaso se necesita más que la evidencia ya presentada para tomar medidas contundentes? ¿Qué nivel de complicidad se esconde tras este manto de silencio oficial?

La permanencia de Becerril Tapia y su equipo genera una profunda desconfianza en la capacidad de las autoridades para depurar las instituciones y garantizar la justicia. Se percibe una preocupante falta de voluntad política para abordar un problema que ha corroído la confianza de la ciudadanía. Mientras tanto, las 90 personas que conforman el personal del penal, entre custodios y administrativos, continúan sus labores bajo la misma dirección que permitió la proliferación de estos aberrantes delitos. ¿Cómo se puede confiar en la seguridad de un centro penitenciario dirigido por quienes, al menos por omisión, permitieron la operación de una red de pederastia?

El refuerzo de la seguridad y las modificaciones al interior del penal, mencionadas por Avendaño, parecen medidas cosméticas, insuficientes para sanar las heridas profundas que estos hechos han dejado en la sociedad. Se habla de “años de abandono”, una justificación que no exime de responsabilidad a quienes tenían la obligación de velar por la integridad de los internos. ¿Acaso el abandono justifica la pederastia?

La doble condena de Yudiel Flores Tovar, 28 años inicialmente y posteriormente 67 años más, sumando un total de 119 años de prisión, refleja la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, su muerte dentro del penal deja un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo operar una red de pornografía infantil desde el interior de una prisión? ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que estos hechos se repitan?

La sociedad chiapaneca exige transparencia y justicia. No basta con declaraciones vagas y promesas vacías. Es necesario que se realicen investigaciones exhaustivas y que se depuren las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. La impunidad no puede ser la respuesta ante la gravedad de estos delitos. El caso de “El Ámate” es una llaga abierta que clama por justicia.