La indignación recorre las redes sociales tras la difusión de un video que expone la violenta realidad que enfrentó una familia en la playa de Chachalacas, Veracruz. Lo que debía ser un placentero fin de semana se transformó en una pesadilla a manos de supuestos prestadores de servicios que, según la denuncia, les negaron el acceso a la playa a menos que consumieran en sus establecimientos.

El video, de apenas un minuto de duración, muestra la tensión palpable entre dos comerciantes y la familia. Los argumentos de los presuntos prestadores de servicios se centran en la obligación de consumir alimentos o bebidas, incluso si la familia no deseaba utilizar las palapas o mesas que ofrecen. La situación escala rápidamente cuando, sin mediar palabra, uno de los comerciantes agrede físicamente a la joven que grababa el incidente, dejando atónitos a sus familiares que intentan, en vano, apaciguar los ánimos.

Este lamentable suceso ha generado una oleada de críticas y comentarios en redes sociales, donde usuarios exigen a las autoridades locales tomar cartas en el asunto y garantizar el libre acceso a las playas. La impunidad con la que operan estos supuestos comerciantes pone en evidencia una problemática recurrente en destinos turísticos: la privatización ilegal de espacios públicos. Hasta el momento, el silencio de las autoridades locales ante este abuso es preocupante y alimenta la incertidumbre sobre las medidas que se tomarán para evitar que se repitan estos actos de violencia.

Es importante recordar que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las playas son Patrimonio Nacional. Esto significa que ningún particular puede venderlas, privatizarlas o restringir el acceso a ellas. Únicamente las autoridades competentes, en casos de reservas naturales o puntos estratégicos, pueden limitar el acceso. Chachalacas, al no ser un área con estas características, debe garantizar el libre tránsito y disfrute de todos los ciudadanos.

Este incidente no es un caso aislado. Representa la lucha constante por preservar el libre acceso a nuestras playas, un derecho fundamental que se ve amenazado por intereses particulares. La falta de regulación y la pasividad de las autoridades ante estas prácticas abren la puerta a la prepotencia y la violencia, generando un clima de inseguridad para los turistas y dañando la imagen de uno de los destinos turísticos más importantes de Veracruz.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo más se permitirá que estos abusos continúen? La sociedad exige una respuesta contundente y acciones concretas que garanticen el respeto a la ley y el derecho de todos los mexicanos a disfrutar de las playas sin ser víctimas de intimidación o violencia. El turismo es un motor importante para la economía de la región, pero no puede construirse sobre la base de la ilegalidad y el atropello a los derechos ciudadanos. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y protejan el patrimonio natural y el derecho al disfrute de todos. El futuro del turismo en Veracruz depende de ello.