La decisión del gobierno de la Ciudad de México de proponer una nueva ley que le otorgue facultades para retirar el spot de Kristi Noem ha generado una intensa polémica. Expertos en telecomunicaciones, la industria de la radio y la televisión, e incluso gigantes tecnológicos estadounidenses como Google y AT&T, han expresado serias preocupaciones sobre el posible impacto de esta ley en la libertad de expresión. Se argumenta que, bajo la apariencia de regular la publicidad de gobiernos extranjeros, la ley podría abrir la puerta a la censura y al control gubernamental sobre los contenidos que se transmiten en México. Imaginen un escenario donde plataformas como Netflix, VIX o MAX sean retiradas de nuestros dispositivos y redes sociales como TikTok, X o Facebook suspendidas. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra acceso a la información y el entretenimiento?

La figura de José Merino, el nuevo "Zar de las Telecomunicaciones", se encuentra en el centro del debate. Sus propuestas, que incluyen multas exorbitantes por "uso incorrecto del lenguaje" y la posibilidad de apagar estaciones de radio y canales de televisión por no pasar una "revisión oficial" de sus informativos, han levantado ampollas. La idea de "comisarios políticos" o "defensores de audiencia" con lineamientos gubernamentales en cada medio de comunicación evoca fantasmas del pasado y plantea interrogantes sobre la independencia y la pluralidad de voces en el espacio público.

Más allá de la controversia sobre la libertad de expresión, la nueva ley también genera dudas en el ámbito técnico. Expertos señalan la ausencia de disposiciones relevantes sobre convergencia o inteligencia artificial, temas cruciales en el panorama actual de las telecomunicaciones. Por otro lado, se acusa al gobierno de favorecer a empresas estatales como Altán y CFE Telecom, permitiéndoles competir de manera desleal e incluso operar como monopolios.

La preocupación se extiende al ámbito internacional. Se advierte que la ley podría violar el T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que podría desencadenar sanciones económicas para nuestro país. Ante la magnitud de los cuestionamientos, legisladores de Morena han solicitado tiempo para analizar la propuesta, mientras que los impulsores de la ley, desde la Agencia de Transformación Digital, parecen empeñados en mantener su curso.

En otro orden de ideas, la Secretaría de Turismo parece mantenerse firme en su decisión de cobrar un impuesto a los cruceristas que visiten México. Esta medida, que ha generado el rechazo de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, podría tener consecuencias negativas para la industria turística del país. Las principales líneas de cruceros, como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line, se verían obligadas a absorber el costo del impuesto, lo que podría llevar a la cancelación de rutas y afectar a destinos turísticos como Cozumel y Mahahual.

Mientras tanto, en el sector farmacéutico, varios laboratorios esperan la resolución de la controversia en torno a la adjudicación de la dapagliflozina, un medicamento oncológico. La decisión de Birmex de asignar el contrato directamente a AstraZeneca ha sido cuestionada, y otras compañías farmacéuticas que ahora cuentan con el registro sanitario buscarán participar en la licitación. En juego está un contrato millonario y el acceso a un medicamento crucial para los pacientes con cáncer.

Finalmente, el sector inmobiliario observa con atención la situación de Grupo Gicsa, que enfrenta una deuda considerable y podría verse obligado a solicitar un concurso mercantil. La compañía, que ha emitido notas en el extranjero, se encuentra bajo la presión de sus acreedores y su futuro es incierto. La evolución de este caso podría tener importantes repercusiones en el mercado inmobiliario mexicano.