La incertidumbre se cierne sobre el Estadio Corona. Lo que parecía una discrepancia fiscal común se ha transformado en un complejo escenario judicial que amenaza la tranquilidad del Club Santos Laguna y de su presidente, Alejandro Irarragorri Gutiérrez. El comunicado emitido por el club, cargado de indignación y firmeza, destapa una serie de irregularidades procesales que ponen en tela de juicio la actuación del Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García. Más allá de la supuesta inasistencia a una audiencia, lo que realmente preocupa a la directiva santista es la aparente instrumentalización del sistema judicial para ejercer presión sobre el club.

La defensa del Sr. Irarragorri se centra en un punto clave: la falta de una notificación formal, un requisito fundamental del debido proceso. Según el comunicado, el Juez Mendoza García habría cancelado una audiencia virtual a la que el Sr. Irarragorri asistió puntualmente, reprogramándola con un plazo que, según el club, no se ajusta a los tiempos legales. Esta reprogramación, al parecer, no fue comunicada debidamente al Sr. Irarragorri, lo que imposibilita considerar su ausencia como un desacato. Ante esta omisión, la presunta orden de aprehensión dictada por el Juez se antoja desproporcionada e injustificada.

La directiva lagunera no escatima en calificativos para expresar su rechazo a lo que considera una "presión judicial disfrazada de acto judicial". Insiste en que la discrepancia fiscal, objeto del litigio, debería dirimirse en la vía administrativa y no en la penal. La celeridad con la que el Juez Mendoza García ha actuado en este caso contrasta con la lentitud que suele caracterizar a los procesos judiciales en México, lo que alimenta las sospechas de una posible intencionalidad detrás de estas medidas.

El comunicado del Santos Laguna no solo defiende la inocencia de su presidente, sino que también denuncia un problema de fondo: la vulnerabilidad del sistema judicial ante presiones externas. El club señala que ha actuado con apego a la ley y que no tolerará intromisiones que busquen desestabilizar a la institución. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién o qué intereses se esconden detrás de esta aparente persecución judicial?

Mientras tanto, la afición santista se mantiene expectante, a la espera de nuevas informaciones que aclaren este turbio asunto. La batalla legal apenas comienza y promete sacar a la luz detalles que podrían comprometer la credibilidad del sistema judicial. El Club Santos Laguna, por su parte, se declara listo para defender sus derechos hasta las últimas consecuencias, con la convicción de que la justicia, tarde o temprano, prevalecerá. La transparencia y el apego al debido proceso serán claves para desentrañar la verdad y restaurar la confianza en la imparcialidad de la justicia.

En los próximos días, la atención estará puesta en la respuesta de las autoridades y en las acciones legales que emprenda la defensa del Sr. Irarragorri. El futuro del club y de su presidente depende, en gran medida, del esclarecimiento de este confuso episodio judicial.