La violencia contra niñas, niños y adolescentes, una realidad dolorosa que debemos erradicar. Millones de infantes en México, ese grupo que representa la esperanza y el futuro de nuestra nación, viven inmersos en un ciclo de maltrato que les roba la infancia y compromete su desarrollo integral. Seis de cada diez menores de 14 años, según UNICEF, sufren agresiones físicas y psicológicas, una cifra alarmante que nos obliga a reflexionar y actuar con urgencia. No podemos normalizar los gritos, los golpes, las humillaciones. Estas prácticas, lejos de educar, dejan profundas cicatrices emocionales y psicológicas que pueden marcar a un individuo para toda la vida.

Es crucial entender que "educar" no es sinónimo de violencia. La disciplina, fundamental en la formación de cualquier ser humano, debe basarse en el respeto, el diálogo y el amor. El maltrato, disfrazado de corrección, es una forma de abuso que vulnera los derechos fundamentales de los niños y niñas. No se trata de una "nalgada a tiempo", se trata de un acto de violencia que tiene consecuencias legales. El Código Penal Federal es claro al respecto, estableciendo penas de prisión para quienes ejerzan violencia familiar contra sus hijos, incluyendo la pérdida del derecho a la pensión alimenticia. Y si la víctima tiene alguna discapacidad, la pena se incrementa, reconociendo la mayor vulnerabilidad de este grupo.

La legislación mexicana, a través de la Constitución Política y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prioriza el interés superior de la niñez. Este principio rector obliga a todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades gubernamentales hasta el sector privado, a garantizar la protección, el respeto y la promoción de los derechos de los menores. No se trata de una opción, sino de una obligación ineludible. Cada decisión, cada política pública, debe considerar el impacto que tendrá en la vida de las niñas, niños y adolescentes.

La discriminación, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Todos los niños y niñas, sin importar su origen étnico, su condición socioeconómica, su religión o cualquier otra característica, tienen derecho a una vida libre de violencia. Es nuestro deber, como sociedad, construir un entorno seguro y propicio para su desarrollo integral. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de la infancia. Debemos romper el silencio, denunciar los casos de maltrato y exigir que se apliquen las leyes. El futuro de México está en juego. La infancia es un tesoro que debemos proteger a toda costa.

La educación en derechos humanos es fundamental. Debemos sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos de la niñez y promover una cultura de paz y no violencia. Los padres, los educadores, los profesionales de la salud, todos tenemos un rol que desempeñar en esta tarea. Informémonos, capacitémonos y actuemos. No podemos permitir que la violencia siga robando la infancia de nuestros niños y niñas. El cambio es posible, pero requiere del compromiso y la participación de todos. Un futuro mejor para la infancia es un futuro mejor para México.