En un mundo cada vez más complejo y polarizado, donde la desconfianza hacia las instituciones se extiende como una sombra, la justicia administrativa se encuentra ante una encrucijada histórica. Se le presenta la oportunidad, no solo de modernizarse y agilizar sus procesos, sino de transformarse en un verdadero motor de cambio social, acercándose a la ciudadanía con empatía y promoviendo la resolución pacífica de conflictos. Hablamos de la mediación, una herramienta poderosa, aún subutilizada, que permite tender puentes entre la administración pública y los ciudadanos, construyendo soluciones conjuntas en lugar de alimentar la confrontación.

Tradicionalmente, el sistema administrativo se ha caracterizado por procedimientos rígidos, lentos y burocráticos. Si bien estos mecanismos formales son esenciales para garantizar el Estado de Derecho, no siempre resultan los más efectivos ni los más adecuados para todas las situaciones. Imaginemos el caso de una pequeña empresa familiar que se enfrenta a una multa administrativa, o el de un ciudadano que ve denegada una solicitud crucial para su bienestar. En estas circunstancias, un proceso judicial prolongado puede resultar desgastante, costoso y, en muchos casos, innecesario. La mediación, en cambio, ofrece una alternativa ágil, flexible y centrada en el diálogo, permitiendo a las partes involucradas expresar sus puntos de vista, comprender las perspectivas del otro y alcanzar acuerdos mutuamente satisfactorios.

No se trata de debilitar la justicia ni de sustituir la función esencial de los tribunales, sino de complementarlas con un enfoque más humano y proactivo. Se trata de construir una cultura de diálogo y entendimiento, donde las diferencias se aborden no como batallas a ganar, sino como oportunidades para aprender y crecer. La mediación empodera a los ciudadanos, dándoles voz y participación activa en la resolución de sus propios conflictos, al tiempo que fortalece la legitimidad de las instituciones públicas.

Desde mi experiencia, tanto en la administración pública como en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, he sido testigo de innumerables casos que podrían haberse resuelto de manera más eficiente y satisfactoria a través de la mediación. Multas, clausuras, denegación de permisos, errores administrativos… Situaciones que, en muchos casos, generan frustración, desconfianza y un desgaste innecesario tanto para los ciudadanos como para la propia administración. Implementar mecanismos de mediación no solo descongestionaría los tribunales, sino que enviaría un mensaje claro y contundente: el Estado está dispuesto a escuchar, a comprender y a corregir cuando es necesario.

La mediación es, además, una herramienta de justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado y restablecer la confianza entre las partes. No se limita a resolver el conflicto puntual, sino que se enfoca en sanar las relaciones y construir un futuro más armónico. Para que esto sea posible, se requiere un compromiso firme de todos los actores involucrados: voluntad política, capacitación especializada para los mediadores, normas claras y transparentes, y, sobre todo, un cambio cultural en la forma en que concebimos la relación entre el Estado y la ciudadanía.

México necesita instituciones fuertes, eficientes y, sobre todo, cercanas a la gente. La mediación administrativa es un paso fundamental en esa dirección. Es un puente que nos permitirá avanzar hacia una justicia más ágil, más humana y más confiable, una justicia que no solo resuelva conflictos, sino que contribuya a prevenirlos y a construir una sociedad más justa y equitativa. Es una tarea que nos compete a todos: autoridades, jueces, mediadores y ciudadanos. Juntos podemos construir ese futuro.