La sombra de la tragedia se cierne aún sobre la memoria de Fátima Cecilia, la pequeña de siete años cuya vida fue brutalmente arrebatada en febrero de 2020. El eco de su ausencia resuena con fuerza tras el veredicto de culpabilidad emitido contra Giovanna "N" y Mario "N", los responsables de un crimen que conmocionó a la sociedad mexicana y puso en evidencia las profundas grietas de un sistema que, en ocasiones, falla en proteger a los más vulnerables.

El próximo 30 de abril, la justicia dictará sentencia. La Fiscalía, con la firmeza que exige un caso de esta magnitud, ha solicitado la pena máxima. Un castigo que, si bien no devolverá la vida a Fátima, representaría un atisbo de justicia para una familia destrozada y para una sociedad que exige un alto a la violencia que se ensaña contra las mujeres, desde las más pequeñas hasta las adultas.

El camino hacia este veredicto ha sido largo y tortuoso. El juicio inicial, iniciado en noviembre, se vio truncado por la baja médica de la jueza Mónica Olivares. Un revés que, sin duda, prolongó la agonía de la familia de Fátima, obligada a revivir una y otra vez el horror de su pérdida. Finalmente, un nuevo proceso judicial se puso en marcha, culminando con la declaración de culpabilidad que hoy nos ocupa.

Recordemos los hechos: el 11 de febrero de 2020, Fátima desapareció tras salir de la escuela. La imagen de una pequeña esperando a su madre, confiada e inocente, contrasta con la brutalidad del acto que le arrebató la vida. Una mujer, identificada posteriormente como Giovanna "N", la sustrajo. Cuatro días después, el cuerpo de Fátima fue hallado sin vida, a escasos kilómetros del lugar donde la vieron por última vez. Un hallazgo desgarrador que dejó al descubierto la crueldad de sus captores. Las señales de violación y tortura que presentaba el cuerpo de la menor intensificaron el dolor y la indignación colectiva.

La investigación, llevada a cabo con exhaustividad por las autoridades, culminó con la detención de Giovanna "N" y Mario "N" cinco días después del hallazgo del cuerpo. La presión social, la incansable labor de los investigadores y la colaboración ciudadana fueron claves para dar con los responsables de este atroz crimen.

La confirmación de la identidad de Fátima a través de pruebas genéticas añadió un nuevo componente de dolor a la tragedia. La ciencia, en este caso, sirvió para corroborar lo que todos temían: que la pequeña encontrada sin vida era, efectivamente, Fátima Cecilia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no tardó en informar que la pareja sería procesada por feminicidio y secuestro agravado, delitos que reflejan la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima.

Mientras esperamos la sentencia definitiva, el caso de Fátima Cecilia nos interpela como sociedad. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de proteger a la infancia, de construir entornos seguros para nuestros niños y niñas, y de exigir justicia ante la barbarie. La memoria de Fátima debe ser un recordatorio constante de la lucha contra la violencia de género y un llamado a la acción para prevenir que tragedias como esta se repitan. Su nombre, grabado en la memoria colectiva, debe ser sinónimo de justicia y un impulso para construir un futuro donde la infancia sea protegida y respetada.