La tragedia que enluta hoy a México, el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, nos obliga a una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad de quienes se atreven a desafiar la impunidad y buscar la verdad en un país marcado por la desaparición forzada. Carmen, como tantas otras madres, padres, hermanos e hijos, se convirtió en una buscadora, en una investigadora incansable, en una voz que clamaba en el desierto por justicia. Su lucha, que comenzó como una búsqueda personal, se transformó en una representación del dolor colectivo de miles de familias que viven la misma angustia, la misma incertidumbre. Su asesinato no solo la silencia a ella, sino que intenta acallar el clamor de todos aquellos que exigen justicia y verdad.

La violencia que arrebató la vida a Carmen y a su hijo es un atentado directo contra los derechos humanos, contra la esperanza y contra la dignidad. Es una herida profunda en el tejido social que nos exige, como sociedad, una respuesta contundente. No podemos permitir que el miedo nos paralice, que la indiferencia nos convierta en cómplices. Es imperativo que las autoridades, tanto federales como estatales, actúen con prontitud y eficacia para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia. No basta con condenar los hechos, se requieren acciones concretas que demuestren un compromiso real con la protección de los derechos humanos y con el combate a la impunidad.

La carta enviada por los colectivos de buscadores a la Presidenta Claudia Sheinbaum es un llamado urgente a la acción. Un grito desesperado que nos recuerda la precaria situación en la que se encuentran quienes buscan a sus desaparecidos. Exigen respeto a su labor, un trabajo titánico que realizan con recursos limitados y enfrentando constantes amenazas. Exigen cero impunidad, porque cada crimen sin resolver, cada carpeta de investigación abandonada, alimenta el ciclo de violencia y perpetúa el dolor. Exigen que se rompa el silencio, porque el silencio es cómplice de la barbarie.

La respuesta de la Presidenta, expresando su solidaridad y su compromiso con las familias de las personas desaparecidas, es un primer paso importante. Sin embargo, las palabras deben traducirse en acciones concretas. La colaboración con la Fiscalía de Jalisco debe ser total y transparente, y la investigación debe llevarse a cabo con la debida diligencia, agotando todas las líneas de investigación posibles. Es fundamental que se garantice la seguridad de los colectivos de buscadores y que se les brinden los recursos necesarios para que puedan continuar con su labor.

El caso de Carmen Morales y su hijo no puede quedar impune. Su memoria, su lucha, debe ser un motor para impulsar un cambio profundo en la forma en que se aborda la problemática de las desapariciones en México. Es un llamado a la conciencia de todos, a la construcción de un país donde la justicia y la verdad prevalezcan sobre la impunidad y el silencio. Un país donde las madres buscadoras no tengan que arriesgar su vida para encontrar a sus hijos. Un país donde la vida tenga valor y la dignidad sea respetada.