La justicia, un anhelo constante de la sociedad, se encuentra en el umbral de una transformación profunda. La próxima elección del 1o. de junio no solo definirá rumbos políticos, sino que también sentará las bases para un Poder Judicial Federal (PJF) más transparente y eficaz. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial se erige como un faro de esperanza en la lucha contra la corrupción y los vicios que, lamentablemente, han permeado en esta institución crucial para el Estado de Derecho.

Hasta ahora, la responsabilidad de vigilar la conducta de los jueces recaía en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sin embargo, la Ministra Lenia Batres Guadarrama, en un revelador discurso ante estudiantes de la Universidad Azteca, ha puesto el dedo en la llaga al señalar las deficiencias de este sistema. Una red de nepotismo y tráfico de influencias tejida a lo largo de los años ha impedido que la disciplina se aplique con la imparcialidad y severidad necesarias. ¿Cómo se puede esperar una evaluación objetiva cuando quienes juzgan a los jueces son sus amigos, compañeros o incluso familiares? Esta situación, denunciada con valentía por la Ministra, nos lleva a una pregunta fundamental: ¿quién vigila a los vigilantes?

La falta de un control efectivo sobre el PJF ha generado un ambiente de impunidad que socava la confianza ciudadana en la justicia. Si bien el Poder Judicial tiene la importante función de controlar al Poder Legislativo y al Ejecutivo, la falta de una instancia que lo fiscalice a él mismo ha permitido que vicios como la dilación en los procesos judiciales se conviertan en una práctica común. Las leyes que establecen plazos para la resolución de juicios se han convertido en letra muerta, ya sea por la sobrecarga de trabajo, las argucias legales utilizadas para alargar los procesos o, en el peor de los casos, por la corrupción de algunos jueces.

La reforma judicial que entrará en vigor próximamente, con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, representa un paso crucial hacia la erradicación de estas prácticas nocivas. La imposición de plazos máximos para la resolución de juicios fiscales (seis meses) y penales (un año), junto con la posibilidad de sancionar a los responsables de su incumplimiento, promete un cambio significativo en la dinámica del PJF. Se abre así una nueva era en la que la eficiencia y la rendición de cuentas serán los pilares de la administración de justicia.

Más allá de las estructuras y los mecanismos de control, la transformación del PJF también requiere un cambio de mentalidad en quienes ejercen la abogacía. La Ministra Batres Guadarrama, en un consejo dirigido a los futuros abogados, hizo hincapié en la importancia de la humildad. En una profesión a menudo contaminada por la soberbia y la búsqueda desmedida del lucro, es fundamental recordar que el servicio a la justicia debe ser el principal motor de la práctica legal. La construcción de un sistema judicial más justo y equitativo requiere de profesionales comprometidos con la ética y la responsabilidad social.

La próxima elección del 1o. de junio no se limita a la selección de representantes políticos; se trata de una oportunidad histórica para sentar las bases de un PJF renovado, capaz de responder a las demandas de justicia de la sociedad. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, junto con la reforma judicial que lo acompaña, representa un paso firme en la dirección correcta. Sin embargo, el éxito de esta transformación dependerá también del compromiso de todos los actores involucrados, desde los jueces y abogados hasta la ciudadanía en general, para construir un sistema judicial más transparente, eficiente y, sobre todo, justo.