La promesa de la inteligencia artificial (IA) en la transformación del sistema judicial mexicano se vislumbra como un espejismo en el desierto. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados, incorporando algoritmos y análisis de datos para agilizar procesos y garantizar una justicia más equitativa, México permanece anclado en un debate político que frena su implementación. La reciente discusión en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, si bien reconoció el potencial de la IA en diversos sectores, dejó en evidencia la reticencia a aplicarla en el ámbito judicial. ¿A qué se debe este temor? ¿Es acaso una verdadera preocupación por las implicaciones éticas o una estrategia para mantener el control y la opacidad que caracterizan al sistema actual?

La realidad es que la justicia en México se ha convertido en un campo de batalla político, donde la transparencia y la eficiencia son vistas como amenazas al statu quo. La discrecionalidad, la lentitud y la falta de rendición de cuentas se han normalizado, convirtiendo el acceso a la justicia en un privilegio para pocos. En este contexto, la IA se presenta como un agente disruptivo, capaz de desmantelar las estructuras de poder que se benefician de la ineficiencia. La automatización de procesos, la predicción de riesgos y la identificación de patrones en las sentencias, son solo algunas de las aplicaciones que podrían revolucionar el sistema, pero al mismo tiempo, exponen las debilidades y las posibles irregularidades que se ocultan bajo el manto de la "prudencia institucional".

La desconfianza ciudadana en el sistema judicial es palpable. Las cifras del INEGI son contundentes: la mayoría de los delitos no se denuncian por la falta de fe en las instituciones. La IA ofrece una oportunidad única para reconstruir esa confianza, para acercar la justicia a la gente y demostrar que la tecnología puede estar al servicio de la sociedad. Imaginemos un sistema donde los tiempos de espera se reduzcan drásticamente, donde la asignación de jueces sea imparcial y transparente, donde los ciudadanos puedan acceder a la información de sus casos de manera sencilla y rápida. Esto no significa reemplazar la figura del juez, sino dotarlo de herramientas que le permitan ejercer su función con mayor eficiencia y objetividad.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya contempla la justicia digital como una obligación, pero su implementación se ha visto obstaculizada por la falta de voluntad política y la desigualdad de recursos entre las entidades federativas. Mientras algunos estados avanzan en la digitalización de sus procesos, otros se rezagan, perpetuando la brecha de acceso a la justicia. Es fundamental que exista un compromiso real por parte de las autoridades para impulsar la adopción de la IA en todo el país, garantizando la capacitación del personal judicial y la accesibilidad para todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico.

No podemos seguir postergando la modernización del sistema judicial bajo el pretexto de la prudencia. La IA no es una amenaza, sino una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que se imparte justicia en México. Es hora de dejar atrás los cálculos políticos y las resistencias al cambio, y apostar por un futuro donde la tecnología esté al servicio de una justicia más eficiente, transparente y accesible para todos. La ciudadanía lo exige y la democracia lo necesita. El reto es grande, pero la recompensa, una sociedad más justa y equitativa, lo vale.