La sombra de la duda se cierne sobre los muros del reclusorio. La noticia de que Miguel “N”, el presunto feminicida serial de Iztacalco, pudiera haber accedido a los números telefónicos de víctimas indirectas desde el interior de su celda, ha generado una profunda conmoción e indignación. ¿Cómo es posible que un individuo privado de su libertad mantenga acceso a información tan sensible? Esta pregunta resuena con fuerza en la opinión pública y exige respuestas inmediatas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consciente de la gravedad de la situación, ha tomado cartas en el asunto. La apertura de una carpeta de investigación, a cargo de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, es un paso crucial para esclarecer este turbio episodio. La sospecha de la posible complicidad de funcionarios en la filtración de datos confidenciales añade una capa adicional de complejidad y preocupación al caso.

La abogada Erendali Trujillo, representante legal de una de las víctimas, ha confirmado la noticia y ha expresado su inquietud por la vulnerabilidad de la información que, en teoría, debería estar bajo estricta protección. Sus palabras reflejan la angustia de las víctimas indirectas, quienes ahora se enfrentan a una nueva forma de victimización, una violación a su privacidad que reabre heridas aún sin cicatrizar. ¿Qué garantías de seguridad pueden ofrecerse a las víctimas si la información sensible se filtra desde el interior del sistema que debería protegerlas?

La muerte de Miguel “N”, ocurrida el pasado 13 de abril dentro de su celda, lejos de cerrar el caso, lo ha envuelto en un manto aún más denso de misterio. La versión oficial apunta a una caída accidental, pero las dudas persisten. Los resultados de los peritajes toxicológicos son esperados con ansias, pues podrían arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento. La transparencia y la rigurosidad en estos análisis son fundamentales para asegurar la credibilidad de la investigación y brindar a las familias de las víctimas la posibilidad de, al menos, cerrar un capítulo de esta dolorosa historia.

La reciente conferencia de prensa ofrecida por Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJ, tras sus primeros 100 días en el cargo, ha generado un debate en torno a la muerte de Miguel “N”. Si bien Alcalde Luján ha declarado que, con base en la información disponible, no hay indicios de homicidio, también ha asegurado que la investigación continúa abierta y que se agotarán todas las líneas de investigación. Esta aparente contradicción alimenta la incertidumbre y la especulación. ¿Se está haciendo todo lo posible para esclarecer la verdad? ¿O existen presiones para cerrar el caso rápidamente?

La sociedad exige respuestas claras y contundentes. La justicia no solo debe hacerse, sino que debe verse. La filtración de información confidencial y la muerte de Miguel “N” son dos piezas de un rompecabezas complejo que debe ser resuelto con la mayor celeridad y transparencia. El futuro de la confianza en las instituciones depende, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia. El caso de Miguel “N” nos obliga a reflexionar sobre la seguridad dentro de los centros penitenciarios, la protección de datos personales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.