La sombra de la censura se cierne sobre México. El fallo del Tribunal Colegiado a favor de Raymundo Riva Palacio, que desnuda el uso de las mañaneras como herramienta de desinformación y propaganda, lejos de impulsar una rectificación, parece haber detonado una respuesta aún más preocupante: la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No se trata de una simple reforma, como se anunció inicialmente para frenar la publicidad del gobierno estadounidense, sino de una ley completamente nueva que concentra un poder desmedido en la Agencia de Transformación Digital, un organismo dependiente directamente de la presidencia.

Esta nueva agencia, con facultades que despiertan serias dudas sobre su apego a la libertad de expresión, podrá bloquear temporalmente cualquier plataforma digital que, a su juicio, incumpla las disposiciones que ella misma establezca. Imaginen el escenario: una entidad gubernamental con la potestad de silenciar voces críticas en el espacio digital, sin un contrapeso real y con la justificación de un supuesto incumplimiento normativo. ¿Dónde queda el debate público? ¿Dónde queda la pluralidad de opiniones?

La celeridad con la que esta iniciativa ha sido aprobada en comisiones del Senado, sin siquiera una coma modificada, es un síntoma alarmante. La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados allana el camino para una ley que, en lugar de proteger las libertades, las constriñe. El fantasma de la censura se materializa en cada artículo, en cada disposición que otorga más poder al Ejecutivo sobre el flujo de información.

Y la sentencia del amparo de Riva Palacio, que debería servir como precedente para proteger a periodistas y ciudadanos de los ataques desde el poder, se convierte en una advertencia escalofriante. Con la nueva ley y el nuevo tribunal de disciplina judicial, los jueces y magistrados se verán presionados a no contrariar al gobierno, so pena de perder sus puestos. La independencia judicial, pilar fundamental de un Estado de derecho, se ve amenazada por un sistema que busca controlar la narrativa y silenciar las voces disidentes.

La preocupación no se limita al ámbito digital. La nueva ley también refuerza el control sobre los medios concesionados, limitando aún más la posibilidad de un periodismo crítico e independiente. Se configura un panorama sombrío en el que la información se convierte en un instrumento de poder, en lugar de un derecho fundamental.

Es urgente que la sociedad civil, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y la comunidad internacional alcen la voz ante esta amenaza a la democracia. No podemos permitir que la libertad de prensa y el derecho a la información sean sacrificados en el altar del control y la uniformidad. El futuro de la democracia mexicana está en juego.

La aprobación de esta ley no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de acciones que apuntan a la concentración del poder y al control de la narrativa. Desde la estigmatización de la prensa crítica hasta el debilitamiento de los organismos autónomos, el camino hacia un régimen autoritario se pavimenta con la indiferencia y la resignación. Es hora de reaccionar, de defender los principios democráticos y de exigir un debate público real sobre el futuro de la libertad de expresión en México. El silencio nos hace cómplices.