En un mundo donde la fe en la democracia se tambalea, la labor de los organismos electorales trasciende la mera organización de comicios. Se convierte en una cruzada por la legitimidad, una batalla contra el desencanto y un dique de contención ante las corrientes autoritarias que amenazan con erosionar los cimientos de nuestras sociedades. No basta con que las elecciones sean técnicamente impecables; deben ser, ante todo, percibidas como justas y equitativas, capaces de canalizar las expectativas ciudadanas y fortalecer la confianza en el sistema.

Como bien apuntan Fukuyama, Dann y Magaloni, una democracia que no “entrega”, que no se traduce en mejoras tangibles para la vida de las personas, se convierte en un terreno fértil para el descontento y la desilusión. Este desencanto, a su vez, allana el camino para discursos simplistas y demagógicos, que prometen soluciones rápidas a problemas complejos, a menudo a costa de las libertades y derechos fundamentales.

En este contexto, la responsabilidad de los organismos electorales se amplía. No se limita a la logística del día de la votación, sino que abarca la creación y aplicación de reglas que garanticen una competencia justa e imparcial. La equidad en el acceso a los recursos, la transparencia en la financiación de las campañas y la neutralidad en el trato a los actores políticos son pilares fundamentales para la legitimidad del proceso. Porque la democracia no se reduce al acto de votar, sino que se construye, día a día, en las condiciones en que se compite por el poder.

El Estado de México, al iniciar su campaña electoral judicial, se convierte en un ejemplo de este compromiso con la equidad. Los criterios emitidos por el IEEM, antes incluso del arranque formal de la campaña, son una muestra de la voluntad institucional por garantizar un proceso transparente y equilibrado. Estas medidas, que detallan las conductas prohibidas tanto para las candidaturas como para los gobiernos, partidos y medios de comunicación, blindan el proceso electoral contra la influencia indebida y la manipulación.

En un escenario donde la ley prohíbe el financiamiento público y privado a las campañas, estos criterios adquieren una relevancia aún mayor. Impiden que los recursos, cualquiera sea su origen, se conviertan en una ventaja ilegítima, nivelando el campo de juego y permitiendo que las ideas, la trayectoria y la capacidad de comunicar propuestas sean las verdaderas protagonistas de la contienda.

Las redes sociales y los foros de debate, organizados con criterios de imparcialidad y transparencia, se convierten en los nuevos espacios de la competencia electoral. Estos escenarios no solo compensan las limitaciones en la propaganda tradicional, sino que, además, reafirman la idea de que el mérito, y no el dinero, debe ser el factor determinante en la elección de nuestros representantes.

En el Estado de México, cada detalle del proceso electoral, cada acción institucional orientada a garantizar la equidad, se convierte en una pieza fundamental para la construcción de una democracia más sólida y representativa. Esta elección, innovadora por naturaleza, es una oportunidad para demostrar que es posible competir de otra manera, con reglas claras y un compromiso genuino con la transparencia.

El IEEM, al dar inicio a esta campaña judicial, no solo inaugura una nueva fase del calendario electoral. Abre, también, una etapa donde se pone a prueba la eficacia de las reglas que ha diseñado. La ciudadanía, con su voto informado, tendrá la última palabra. Pero la legitimidad de ese voto comienza con una premisa fundamental: que todas las personas candidatas lleguen a la meta en condiciones verdaderamente iguales. Este es el desafío, y la responsabilidad, de todos los actores involucrados en el proceso.