La sombra de la duda se cierne sobre el proceso de selección para el Poder Judicial. No basta con la impecable trayectoria plasmada en un currículum, ni con los discursos elocuentes que prometen justicia e imparcialidad. El escrutinio público, cada vez más exigente y necesario, demanda transparencia absoluta y tolerancia cero ante cualquier indicio de irregularidad. El Instituto Nacional Electoral (INE), garante de la limpieza en los procesos electorales, ha alzado la voz con firmeza: ningún candidato con cuentas pendientes con la justicia podrá acceder a un cargo en el Poder Judicial. Prófugos, suspendidos en sus derechos políticos, violentadores o deudores alimentarios, todos serán sometidos a una rigurosa investigación.

La "8 de 8 contra la violencia", una iniciativa ciudadana que busca erradicar la violencia de género en la política, será la vara con la que se medirá a los aspirantes. El INE ha habilitado un micrositio para que la ciudadanía, convertida en vigilante activa de la democracia, pueda denunciar cualquier indicio que ponga en entredicho la idoneidad de los candidatos. Este mecanismo de participación ciudadana, crucial para fortalecer la transparencia, permitirá recabar información vital para la toma de decisiones.

La fecha límite para la presentación de denuncias es el 15 de junio, día en que el INE calificará la elección. Sin embargo, un primer informe de los hallazgos se presentará el 31 de mayo, lo que permitirá una evaluación preliminar de los aspirantes. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha asegurado que los resultados de las investigaciones se entregarán al Senado y al Tribunal Electoral, instancias que tendrán la última palabra sobre la elegibilidad de los candidatos.

La consejera Carla Humphrey ha sido aún más contundente: el INE tiene la facultad de anular el triunfo de cualquier candidato que no cumpla con los requisitos. “Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad, no puede ser candidato y, por tanto, no puede ocupar un cargo de elección popular”, sentenció. Esta afirmación, clara y sin ambigüedades, reafirma el compromiso del INE con la legalidad y la transparencia.

Desde la Cámara de Diputados, la preocupación también es palpable. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, ha anunciado una revisión exhaustiva de los aspirantes, con especial énfasis en aquellos que pudieran tener nexos con el crimen organizado. La posibilidad de presentar recursos legales ante el Tribunal Electoral contra candidatos con vínculos con el narcotráfico está sobre la mesa.

La colaboración entre el INE y la Cámara de Diputados, así como el diálogo con el senador Gerardo Fernández Noroña, evidencian la seriedad con la que se está tomando este asunto. La depuración de las listas de candidatos es un proceso indispensable para garantizar la integridad del Poder Judicial. La ciudadanía espera que las instituciones actúen con firmeza y transparencia, para que los cargos de tan alta responsabilidad sean ocupados por personas íntegras y comprometidas con la justicia. El futuro del Poder Judicial, y por ende del país, depende de la correcta aplicación de la ley y la participación ciudadana en la vigilancia de nuestros procesos democráticos.