La conexión a internet, un derecho fundamental en la era digital, está en el corazón de la nueva Ley de Telecomunicaciones, una legislación de profundo carácter social que busca democratizar el acceso a esta herramienta esencial para el desarrollo en el siglo XXI. Arturo Ávila, coordinador de los diputados de Morena, ha sido una voz clave en la defensa de esta iniciativa, destacando su impacto transformador en la vida de millones de mexicanos. Imagine un México donde la conectividad no sea un privilegio, sino una realidad para todos, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica. Esta ley, según Ávila, es el primer paso para construir ese futuro.

El ambicioso proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales. El primero, y quizás el más crucial, es la ampliación de la cobertura. Llevar internet a cada rincón del país, desde las grandes urbes hasta las comunidades más remotas, es la piedra angular de esta iniciativa. Imaginen el potencial: estudiantes en zonas rurales accediendo a bibliotecas digitales, emprendedores conectándose con mercados globales, familias comunicándose con sus seres queridos sin importar la distancia.

El segundo eje, estrechamente ligado al primero, se centra en la inclusión. Universidades, centros de investigación, pequeñas empresas y organizaciones sociales, todos tendrán un papel protagónico en el desarrollo y fortalecimiento del sistema. Esta colaboración multisectorial no solo impulsará la innovación, sino que también asegurará que la tecnología se utilice para el bien común, generando soluciones locales a problemas locales.

Y aquí es donde entra el tercer eje, quizás el más innovador y disruptivo: la participación activa de comunidades históricamente marginadas, como los pueblos originarios y afromexicanos. Ávila ha enfatizado la importancia de su inclusión, no solo como beneficiarios, sino como actores clave en la construcción de un internet más inclusivo y representativo de la diversidad cultural de México. Imaginen la riqueza de conocimientos y perspectivas que estas comunidades pueden aportar al desarrollo de la red.

Pero la ley no se limita a ampliar el acceso. También busca romper con el dominio histórico de los grandes monopolios de telecomunicaciones. La regulación de la infraestructura existente, históricamente controlada por unas pocas manos, permitirá que organizaciones sociales ofrezcan servicios a precios justos, fomentando la competencia y la equidad en el acceso. Este cambio de paradigma, según Ávila, es fundamental para democratizar el acceso a la información y las comunicaciones.

Otro aspecto crucial que aborda la legislación es el reordenamiento del cableado urbano. Más allá de la mejora estética de las ciudades, esta medida busca garantizar la seguridad pública, eliminando los riesgos asociados al cableado desordenado y obsoleto.

La protección de los usuarios es otro pilar fundamental de la nueva ley. La eliminación de teléfonos bloqueados y la prohibición de prácticas que limiten la libertad de los consumidores para cambiar de compañía son medidas que buscan empoderar a los usuarios y fomentar un mercado más justo y transparente.

Finalmente, y no menos importante, la ley contempla la posibilidad de que organizaciones sociales con fines comunitarios puedan obtener ingresos a través de la publicidad local, un punto que ha generado debate, pero que según Ávila, es crucial para la autosustentabilidad de estas organizaciones y para asegurar la viabilidad a largo plazo del proyecto.

La nueva Ley de Telecomunicaciones se presenta como una herramienta fundamental para la construcción de un México más conectado, inclusivo y equitativo. Un paso decisivo hacia un futuro donde el acceso a internet sea un derecho garantizado para todos, y donde la tecnología se utilice para el desarrollo social y el empoderamiento de las comunidades. El camino por recorrer aún es largo, pero con la aprobación de esta ley, se abre una ventana de oportunidad para construir un futuro digital más justo y próspero para todos los mexicanos.