La indignación recorre las redes sociales como la arena fina de Puerto Escondido se cuela entre los dedos. El caso de Samantha Rh y Nino Hernández Cortés, agredidos en el Hotel Casa Xaa por entregar toallas con arena, ha destapado una cloaca de irregularidades y abusos que salpican la imagen paradisíaca del popular destino oaxaqueño. No se trata solo de la prepotencia de "Lady Toallas" y la violencia ejercida contra los turistas, sino de un síntoma más profundo que aqueja a Puerto Escondido: la aparente inoperancia y, en algunos casos, complicidad de las autoridades locales frente a la inseguridad y los malos tratos a los visitantes. Si entregar una toalla con arena –algo tan natural como la marea misma– se convierte en motivo de agresión y retención ilegal, ¿qué garantías de seguridad tienen quienes eligen este rincón del Pacífico para sus vacaciones?

La denuncia de Samantha, acompañada de las imágenes de sus lesiones, ha encendido las alarmas. El relato del forcejeo, la amenaza con un machete, la privación de la libertad de su pareja y la intimidación con un perro, dibujan un escenario de terror impropio de un lugar que se promociona como un paraíso turístico. Y mientras el eco de este incidente resuena en las redes, la pregunta sigue en el aire: ¿dónde estaban las autoridades mientras se desarrollaba este acto de barbarie a plena luz del día, en el corazón turístico de Puerto Escondido?

La Fiscalía del Estado ha recibido la denuncia, pero la inacción previa de las autoridades municipales es un clamoroso llamado de atención. ¿Cuántas quejas, cuántos incidentes similares se habrán silenciado antes de que este caso alcanzara la viralidad? La ausencia del presidente municipal, Miguel Ángel Olvera Jiménez, y de su equipo de seguridad pública, es una herida abierta en la confianza de los ciudadanos y de quienes visitan Puerto Escondido. No basta con promocionar las bellezas naturales del lugar si no se garantiza la seguridad y el bienestar de quienes lo visitan.

Este incidente, lamentablemente, no es un caso aislado. Las denuncias por malos tratos, desapariciones e incluso abusos por parte de elementos policiacos se acumulan, pintando un panorama sombrío que contrasta con la imagen idílica que se proyecta al exterior. El caso de Puerto Escondido nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las autoridades en la construcción de un turismo seguro y responsable. ¿De qué sirve atraer visitantes si luego se les deja a merced de la prepotencia, la violencia y la impunidad?

Y la problemática no se limita a las costas oaxaqueñas. En Morelos, la ausencia de los alcaldes en las mesas de seguridad es un síntoma preocupante de la descomposición institucional que corroe al estado. Que solo diez de los 36 presidentes municipales participen activamente en estas reuniones, destinadas a coordinar acciones contra el crimen organizado, es una muestra de la indolencia y la falta de compromiso que impera en la clase política local.

La retirada de algunos alcaldes, como Jesús Corona Damián de Cuautla, tras ser vinculado con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, y las graves acusaciones contra el alcalde de Temixco, Israel Piña Labra, por presuntos vínculos con el crimen organizado, son señales alarmantes de una infiltración que pone en jaque la seguridad y la gobernabilidad del estado. ¿Cómo se puede combatir la violencia y la delincuencia si las propias autoridades están comprometidas o, en el mejor de los casos, ausentes?

El silencio de la gobernadora Margarita González Saravia ante esta crisis es ensordecedor. La ciudadanía exige respuestas, acciones concretas que demuestren que el gobierno está del lado de la legalidad y la seguridad. La inacción solo alimenta la impunidad y la desconfianza, profundizando la herida que la violencia y la corrupción han abierto en el tejido social de Morelos. ¿Hasta cuándo seguirá reinando el silencio cómplice ante la descomposición del poder municipal? ¿Cuándo se asumirán las responsabilidades que corresponden para garantizar la seguridad y la justicia que los ciudadanos merecen?