La sombra de la duda se cierne sobre el proceso de reforma constitucional en el ámbito judicial. Acusaciones de vínculos con el crimen organizado dirigidas hacia algunos candidatos han desatado una tormenta de controversia, poniendo en tela de juicio la legitimidad del proceso y la integridad de los aspirantes. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una contundente declaración durante la Mañanera del 24 de abril, no solo refutó estas acusaciones, sino que lanzó un cuestionamiento crucial: ¿por qué la lupa de la investigación no se posa sobre aquellos jueces que, con sus acciones, han permitido la liberación de criminales de cuello blanco y miembros de la delincuencia organizada, a pesar de la existencia de pruebas contundentes?

Este debate pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial y la urgente necesidad de una profunda reflexión sobre sus mecanismos de control y transparencia. ¿Es justo que se cuestione la validez de una reforma constitucional basándose en señalamientos, muchos de ellos originados en redes sociales, sin una investigación exhaustiva que los respalde? ¿No debería la misma energía que se invierte en señalar a los candidatos, destinarse a escrutar las actuaciones de aquellos jueces que, con sus decisiones, ponen en riesgo la seguridad y la justicia en nuestro país?

La Presidenta Sheinbaum Pardo ha enfatizado la importancia de que estas acusaciones sean debidamente probadas y, en caso de ser ciertas, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe como la última instancia, garantizando la imparcialidad y la legalidad del proceso. Sin embargo, la simple existencia de estas acusaciones, amplificadas por el eco de las redes sociales, ya ha generado un clima de desconfianza que amenaza con socavar la credibilidad de la reforma.

Es fundamental diferenciar entre la crítica legítima, basada en hechos comprobados, y la difamación, que busca desprestigiar sin fundamento. En un contexto político tan polarizado como el actual, la información veraz y la investigación rigurosa son más necesarias que nunca. No podemos permitir que la desinformación y las acusaciones infundadas enturbien un proceso de vital importancia para el fortalecimiento de nuestro sistema judicial.

La pregunta planteada por la Presidenta Sheinbaum Pardo resuena con fuerza: ¿cuántos jueces han liberado a delincuentes peligrosos a pesar de la existencia de pruebas incriminatorias? Esta interrogante nos obliga a mirar más allá de las acusaciones puntuales y a cuestionar el funcionamiento del sistema en su conjunto. ¿Existen mecanismos efectivos para sancionar a los jueces que actúan de manera corrupta o negligente? ¿Se garantiza la independencia judicial y la rendición de cuentas?

El debate sobre la reforma constitucional en materia judicial no puede reducirse a un intercambio de acusaciones sin fundamento. Es necesario un análisis profundo y objetivo que nos permita identificar las fallas del sistema y proponer soluciones concretas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir un sistema judicial justo, equitativo y eficaz. El futuro de nuestra justicia depende de ello.

Más allá de las controversias actuales, es crucial recordar que el objetivo final de la reforma es fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. No podemos permitir que las acusaciones, muchas veces utilizadas como armas políticas, desvíen la atención de este objetivo fundamental. Es necesario un debate serio y responsable que nos permita avanzar hacia un sistema judicial más sólido y confiable, capaz de responder a las demandas de justicia de la sociedad.