La dependencia energética de México se ha convertido en una sombra que acecha la estabilidad económica y la soberanía nacional. Lejos de la autosuficiencia prometida, nos encontramos atados a la importación, con una producción nacional de hidrocarburos en franca decadencia. Las cifras son alarmantes: una producción petrolera que apenas roza el millón y medio de barriles diarios, una caída estrepitosa si la comparamos con los 3.5 millones de barriles que se producían en tiempos pasados. En cuanto al gas, la situación es aún más crítica. No solo la producción ha disminuido a niveles históricos, sino que la importación se ha disparado, representando un porcentaje abrumador de la oferta nacional. Depender en tal medida del exterior nos coloca en una posición vulnerable, expuestos a las fluctuaciones del mercado internacional y a las tensiones geopolíticas.

Esta realidad contrasta dramáticamente con el discurso triunfalista que se ha construido en torno a la política energética. Se nos habla de soberanía, pero en la práctica, estamos más lejos que nunca de alcanzarla. La promesa de un futuro energético brillante se ha desvanecido, opacada por la falta de inversión en exploración y producción, por la apuesta en proyectos faraónicos que no han dado los resultados esperados y por el desdén hacia las energías limpias. Se ha preferido la retórica fácil a las soluciones de fondo, se ha priorizado la construcción de una narrativa política por encima de las necesidades reales del país.

La lucha contra el huachicol, presentada como una batalla épica contra la corrupción, ha derivado en un escenario paradójico. Si bien es cierto que se ha combatido el robo a pequeña escala, las cifras indican que el problema ha crecido exponencialmente en otras dimensiones. El volumen de combustible robado actualmente supera con creces las cifras registradas al inicio de la administración, lo que sugiere la existencia de redes de distribución sofisticadas y la complicidad de actores con mayor capacidad de operación. Resulta inexplicable la pasividad de las autoridades ante esta realidad. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las sanciones? La opacidad en este tema genera suspicacias y alimenta la desconfianza en las instituciones.

Mientras tanto, la población paga las consecuencias de esta política errática. La incertidumbre energética se traduce en precios volátiles, en un suministro precario y en la amenaza constante de apagones. La falta de una visión a largo plazo nos condena a un ciclo de dependencia y vulnerabilidad, hipotecando el futuro del país. Es urgente un cambio de rumbo, una apuesta decidida por la innovación, la eficiencia y la diversificación energética. De lo contrario, seguiremos atrapados en un discurso vacío, mientras la realidad nos alcanza con su cruda factura. La verdadera soberanía energética no se construye con eslóganes, sino con políticas públicas responsables y con una visión estratégica que trascienda los intereses políticos del momento.