La tensión se palpa en el aire mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el 1 de mayo. La fecha límite para alcanzar un acuerdo entre el gobierno mexicano y las poderosas líneas de cruceros se acerca, y el futuro del impuesto de 21 dólares por turista desembarcado pende de un hilo. Un tira y afloja que se extiende desde principios de año, protagonizado por la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la directora de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), Michele Paige. Las cartas cruzadas entre ambas partes dibujan un escenario de arduas negociaciones, donde la 4T busca la implementación total del impuesto para diciembre de 2027, mientras que las compañías de cruceros intentan dilatar el plazo hasta noviembre de 2028.

A pesar de las llamadas telefónicas y las reuniones, el consenso parece esquivo. Rodríguez insiste en la importancia de firmar el acuerdo durante el Tianguis Turístico, la feria turística más importante del país, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo. Un escenario ideal para sellar un pacto que podría definir el rumbo de la industria de cruceros en México.

El origen de esta disputa se remonta a la Ley de Derechos, enviada al Congreso por la Secretaría de Hacienda a finales del año pasado. En ella se establecía un impuesto inicial de 42 dólares a la industria de cruceros, aplicable desde enero. La reacción de la FCCA fue inmediata, amenazando con la suspensión de las llegadas a puertos mexicanos. La intervención de Rodríguez logró aplazar la entrada en vigor del impuesto por seis meses y reducirlo a la mitad, a 21 dólares.

Sin embargo, la discordia persiste en cuanto a los tiempos de implementación. La Sectur propone un plazo de dos años y medio, mientras que la FCCA busca extenderlo a tres años y medio. La 4T plantea un incremento gradual del impuesto: 5 dólares por pasajero desde julio de 2025 hasta julio de 2026, 10 dólares de agosto de 2026 a diciembre del mismo año, 15 dólares de enero a julio de 2027, y finalmente 21 dólares desde agosto hasta diciembre de 2027.

Gigantes de la industria como Carnival Corporation, Royal Caribbean, Disney Cruise Line y Norwegian Cruise Line rechazan este calendario. Proponen un esquema similar, pero con un plazo más extenso, culminando en 21 dólares por pasajero a partir de noviembre de 2028, "sin más aumentos". La FCCA argumenta que, de no aceptarse su propuesta, la industria carecería de incentivos para colaborar con el Plan México, un programa que busca impulsar la adquisición de insumos nacionales, promover productos mexicanos y generar empleos en el país.

La amenaza latente es la redirección de los cruceros hacia otros destinos. En las últimas semanas se han anunciado 55 cancelaciones de escalas en Cozumel y Mahahual, con una pérdida estimada de más de 230 mil pasajeros para Quintana Roo. Acapulco también se encuentra en la cuerda floja, con la posibilidad de que una línea cancele todas sus escalas a partir del 30 de abril si no se llega a un acuerdo. La búsqueda de destinos más rentables podría significar la eliminación progresiva de los itinerarios mexicanos.

Este conflicto no se limita a la industria de cruceros. La Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales han expresado su preocupación por la orden de aprobar en fast track la Ley Nacional de Simplificación de Trámites, las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y las reformas a la Ley de Competencia Económica. Denuncian la falta de acceso a los textos legislativos y la ausencia de diálogo con los pequeños y medianos operadores, advirtiendo sobre el riesgo para las inversiones y el desarrollo del sector.

En el ámbito internacional, Ryan C. Berg, director del programa para las Américas del CSIS, advierte sobre la posibilidad de que la administración estadounidense intensifique sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, incluyendo la revisión del origen de las remesas enviadas a México. Un nuevo frente en la lucha contra el crimen organizado que podría tener consecuencias significativas para el país.

Finalmente, denuncias de irregularidades en la compra de cobertores para el DIF del Estado de México llegan a la Cámara Nacional de la Industria Textil. La falta de transparencia en el concurso y la adjudicación a una empresa con una dirección fiscal cuestionable levantan sospechas y podrían desencadenar una queja formal ante las autoridades. Un panorama complejo y desafiante para México, donde la economía, la seguridad y la transparencia se entrelazan en una delicada danza de intereses.