La sombra del crimen organizado se cierne sobre las elecciones judiciales, generando un intenso debate en el Senado de la República. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, ha encendido la mecha al anunciar la impugnación de candidaturas a juzgador con presuntos vínculos con el narcotráfico. No se trata, según Noroña, de una infiltración generalizada, sino de "casos excepcionales" que, sin embargo, ameritan una revisión exhaustiva. El meollo del asunto reside en la postura del Instituto Nacional Electoral (INE), que permite la revocación del cargo después de la elección si se comprueban vínculos ilícitos. Fernández Noroña cuestiona esta lógica: si existen indicios de falta de idoneidad, ¿por qué esperar a que el individuo ocupe el cargo para actuar? ¿No sería más sensato prevenir que lamentar?

Esta postura del INE ha desatado una ola de especulaciones y acusaciones, con algunos sectores clamando que el crimen organizado ha infiltrado las candidaturas. Noroña rechaza esta visión catastrofista, insistiendo en que se trata de casos aislados que han sido magnificados por una "campaña perversa" para deslegitimar el proceso electoral. El verdadero debate, según el presidente del Senado, se centra en la oportunidad de la intervención: ¿actuar de forma preventiva o esperar a la confirmación de los hechos?

El Senado, por su parte, no se quedará de brazos cruzados. A partir del 28 de abril, presentará recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra aquellos candidatos que, a su juicio, no cumplen con los requisitos de idoneidad. Noroña ha señalado la existencia de jueces que han otorgado amparos "sistemática y permanentemente" a narcotraficantes, lo que levanta serias dudas sobre su imparcialidad y compromiso con la justicia. La identificación de estos candidatos, sin embargo, se mantiene en un halo de misterio, lo que alimenta la controversia y la desconfianza.

Mientras tanto, la oposición, según Fernández Noroña, persiste en sus intentos de descarrilar el proceso electoral judicial, programado para el 1 de junio. En medio de este escenario turbulento, el presidente del Senado se muestra optimista, afirmando que se abrirá un "nuevo camino para la humanidad" y que el pueblo, en última instancia, decidirá la composición del poder judicial. El futuro de la justicia mexicana, pues, se encuentra en la cuerda floja, balanceándose entre las acusaciones de infiltración, las impugnaciones del Senado y la esperanza de un proceso electoral transparente y legítimo. ¿Logrará la justicia prevalecer en medio de la tormenta? El tiempo, y el voto popular, lo dirán.