La espera por la nueva iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica mantiene en vilo al sector, pero con una esperanza palpable. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha expresado con firmeza la importancia de esta legislación, no como un mero trámite burocrático, sino como un compromiso real con la construcción de un mercado más justo y equitativo para todos los mexicanos. Su visión, que pone en el centro el bienestar de la población, resuena con la necesidad de un cambio profundo en la dinámica económica del país. No se trata solo de eficiencia, sino de inclusión, de asegurar que todos, sin importar su nivel socioeconómico, tengan acceso a las mismas oportunidades.

La coincidencia entre la propuesta del Ejecutivo y la presentada por el diputado Ramírez Cuéllar en febrero pasado es un signo alentador. Apunta hacia una visión compartida de la problemática y la necesidad de un marco legal moderno, alineado con los estándares internacionales más exigentes. Esta sintonía facilitará, sin duda, el proceso legislativo y permitirá una implementación más rápida y eficaz de las nuevas medidas.

El impacto de la falta de competencia en la economía familiar no es un tema menor. El sobrecosto del 15.7% en el gasto total de los hogares, como lo ha señalado el diputado, es una carga pesada, especialmente para los más vulnerables. La brecha entre el decil más pobre y el más rico, con una afectación cuatro veces mayor para el primero, es una muestra clara de la injusticia que perpetúa la falta de regulación efectiva. Y la disparidad regional, con entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca sufriendo una afectación significativamente mayor que el noroeste del país, evidencia la urgencia de una intervención que nivele el terreno de juego.

La propuesta del diputado Ramírez Cuéllar no se limita a un diagnóstico de la situación, sino que ofrece soluciones concretas. Mecanismos legales inspirados en la normativa europea, como las sanciones contra abusos de mercado, son una herramienta poderosa para disuadir prácticas anticompetitivas. Agilizar los procedimientos por prácticas monopólicas brindará mayor certeza jurídica, tanto a consumidores como a empresas, y fomentará un ambiente de negocios más transparente y predecible. Reducir los umbrales de notificación de concentraciones económicas permitirá una supervisión más temprana de las fusiones, previniendo riesgos a la competencia antes de que se materialicen.

El fortalecimiento del régimen sancionatorio, con un aumento significativo en las multas por conductas anticompetitivas, es otro elemento crucial. No se trata simplemente de castigar, sino de disuadir y proteger. Unas sanciones más contundentes funcionarán como un desincentivo para las prácticas monopólicas y como una garantía de protección para los consumidores y las MIPyMEs, que a menudo son las más afectadas por los abusos de poder de mercado.

El T-MEC, como marco regulatorio internacional, exige una autoridad independiente para aplicar la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes. Esta exigencia se alinea perfectamente con el artículo 28 de la Constitución mexicana, que otorga a un organismo autónomo la facultad exclusiva de supervisar la libre competencia y concurrencia. La creación de una autoridad verdaderamente independiente, imparcial y con la capacidad técnica necesaria, no es solo un compromiso internacional, sino una necesidad imperante para garantizar la justicia y la equidad en el mercado mexicano.

En definitiva, la propuesta del diputado Ramírez Cuéllar representa una oportunidad histórica para transformar la realidad económica del país. No se trata de una visión utópica, sino de una propuesta pragmática, basada en datos concretos y en la experiencia de otros países. Es un llamado a la acción para construir un México más justo, donde la competencia sea un motor de desarrollo y bienestar para todos, sin exclusiones. Un México donde el mercado sirva a las personas, y no al revés.