La creciente preocupación por la influencia de los narcocorridos, corridos tumbados y series que glorifican el crimen organizado en la juventud mexicana ha llevado al diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) a presentar una ambiciosa iniciativa de reforma. Esta propuesta legislativa, que busca modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ha desatado un intenso debate en torno a la libertad de expresión y la protección de la infancia.

Torres Cofiño argumenta que la iniciativa no busca censurar, sino regular la difusión de contenidos que hacen apología del delito, especialmente aquellos dirigidos a niños y adolescentes. El diputado panista enfatiza la responsabilidad del Estado en la formación de las nuevas generaciones y cita estudios que demuestran el impacto negativo de estos materiales en la salud mental, la percepción de la realidad e incluso la propensión al reclutamiento por parte del crimen organizado.

La socióloga Sandra Oceja Limón, de la UNAM, respalda estas preocupaciones con su investigación sobre la imagen aspiracional que proyectan los artistas de estos géneros musicales. Rodeados de lujos, armas y dinero, estos personajes construyen una narrativa de éxito fácil y rápido que permea las redes sociales e influye profundamente en jóvenes en etapa formativa. La problemática no se limita a la música, sino que se extiende a conciertos y eventos donde se exhiben imágenes de narcotraficantes, normalizando e incluso glorificando la figura del delincuente.

Organizaciones como REDIM y el Observatorio Nacional Ciudadano han alertado sobre el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, una cifra que asciende a 460,000 según sus estimaciones. La cultura narco, presente en la música, la vestimenta, las redes sociales y el consumo, se convierte en un poderoso canal de captación que presenta la vida criminal como una alternativa deseable, especialmente para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El impacto psicológico de estos contenidos es innegable. Psicólogos y trabajadores sociales reportan un aumento en casos de ansiedad, depresión, insomnio y adicciones entre menores expuestos a la romantización de la violencia. La propuesta de Torres Cofiño busca contrarrestar esta influencia mediante reformas concretas que incluyen restricciones de acceso a menores, advertencias específicas sobre el contenido violento, sanciones para quienes produzcan o financien estos materiales con recursos ilícitos, y la inclusión de los promotores de la apología del delito como sujetos de investigación por parte de la UIF.

El reciente incidente en el Palenque de Texcoco, donde una trifulca se desató tras la prohibición de interpretar narcocorridos, ilustra la complejidad del tema y las tensiones que genera. Para el diputado, este evento evidencia la necesidad de una regulación más estricta. Sin embargo, la iniciativa también ha generado críticas por parte de quienes la consideran una amenaza a la libertad de expresión.

Torres Cofiño insiste en que no se busca prohibir géneros musicales, sino proteger a la infancia de contenidos perjudiciales, comparando la medida con la regulación existente para la pornografía o los materiales para adultos. La propuesta, que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, ha abierto un debate crucial sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la influencia de la cultura narco en la sociedad mexicana. El proceso legislativo que se avecina promete ser complejo y determinante para el futuro de la regulación de estos contenidos en el país. La discusión apenas comienza y se espera la participación activa de diversos sectores de la sociedad para encontrar un equilibrio entre la libertad artística y la protección de los más vulnerables. ¿Será posible lograr un consenso que satisfaga las demandas de todos los involucrados? El tiempo lo dirá.