El proceso electoral judicial en marcha nos presenta un escenario complejo donde la función del Instituto Nacional Electoral (INE) se torna crucial para garantizar la transparencia y la equidad. Más allá de la logística inherente a la emisión de boletas, documentación y materiales electorales, la responsabilidad del INE se extiende a la supervisión minuciosa del cumplimiento de las reglas del juego democrático. No basta con establecer los límites, es imperativo vigilar que se respeten.

La fiscalización de los gastos de campaña se convierte en un pilar fundamental de este proceso. El INE debe velar por que los topes máximos autorizados no sean rebasados, impidiendo que las candidaturas se conviertan en una subasta de recursos. La contratación irregular de espacios en medios de comunicación, ya sea radio, televisión, internet o cualquier otra plataforma, debe ser detectada y sancionada con firmeza. La equidad en la contienda exige que ninguna persona candidata tenga ventajas indebidas derivadas de un mayor poder adquisitivo. El proselitismo encubierto por parte de partidos políticos o personas servidoras públicas, a favor o en contra de alguna candidatura, también debe ser objeto de escrutinio riguroso por parte del INE.

Si bien hemos presenciado la oportunidad que han tenido las personas candidatas a cargos nacionales, como las Ministraturas, Magistraturas del Tribunal de Disciplina o Magistraturas Electorales, de exponer sus visiones y propuestas en medios masivos como la radio y la televisión, la realidad es que esta misma visibilidad no se extiende a todos los niveles. Candidatos a magistraturas de circuito, de apelación y juzgados de distrito, por ejemplo, se ven limitados en su acceso a estos canales de comunicación, lo cual genera una desventaja significativa. Este desequilibrio debe ser abordado para las próximas elecciones de 2027, buscando mecanismos que democraticen el acceso a la difusión de propuestas.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla electoral, donde los mensajes proliferan en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y X (antes Twitter). El INE tiene el desafío de monitorear este espacio digital, asegurando que se respete la normativa electoral y se evite la propagación de desinformación o propaganda ilegal. La vigilancia debe extenderse también a las actividades de campaña en el territorio, prohibiendo la entrega de cualquier tipo de beneficio directo o indirecto, ya sea en especie o efectivo, que busque influir en el voto. Esta prohibición se aplica a las candidaturas, partidos políticos y personas servidoras públicas.

En definitiva, la labor de vigilancia del INE es esencial para preservar la integridad del proceso electoral judicial. Su actuación imparcial y rigurosa es la garantía de que la contienda se desarrolle en un marco de equidad, donde las ideas y propuestas sean los protagonistas, y no el poder económico o la influencia política. La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares sobre los que se construye la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. El INE, como árbitro electoral, tiene la responsabilidad de custodiar estos valores.