La posibilidad de que un candidato, cuyo nombre ya figura impreso en la boleta electoral para los comicios judiciales del 1 de junio, sea descalificado, se mantiene latente. Esta afirmación, proveniente de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un clima de incertidumbre y expectación en el panorama político actual. La mandataria capitalina aclaró que la decisión final recae en la última instancia judicial, específicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sheinbaum enfatizó que, si bien los candidatos ya han sido seleccionados y avalados, la posibilidad de una descalificación permanece abierta si se comprueba alguna irregularidad grave. "Formalmente, las candidatas y candidatos que participan ya fueron seleccionados, ya fueron avalados", reconoció la Jefa de Gobierno. Sin embargo, añadió un matiz crucial: "Si existe un caso donde se demuestre incumplimiento constitucional, ya sea por vínculos con actividades delictivas o por no alcanzar el promedio de ocho exigido en la licenciatura, se puede presentar la impugnación".

La Presidenta dejó entrever su postura personal al respecto: "Desde mi punto de vista –y veremos qué decide el Tribunal–, aunque el nombre ya esté en la boleta, se podría aplicar una medida precautoria o, en su caso, la descalificación". No obstante, subrayó la importancia de presentar pruebas contundentes para sustentar cualquier acusación. "Tendrían que presentarse todas las pruebas", insistió, remarcando la necesidad de un proceso riguroso y apegado a la legalidad.

Esta declaración abre un abanico de interrogantes. ¿Qué tipo de pruebas serían consideradas suficientes para justificar una descalificación a estas alturas del proceso electoral? ¿Cómo se garantizará la imparcialidad del Tribunal ante la presión política que inevitablemente generará este tipo de casos? ¿Qué mecanismos se implementarán para asegurar que los derechos de los candidatos sean respetados durante el proceso de revisión?

La situación se torna aún más compleja al considerar la inminencia de las elecciones. El tiempo apremia y cualquier decisión que tome el TEPJF tendrá un impacto significativo en el desarrollo de los comicios. La posibilidad de modificar las boletas electorales a tan pocos días de la votación presenta un desafío logístico considerable y podría generar confusión entre el electorado.

Por otro lado, la declaración de la Presidenta Sheinbaum también pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales. La ciudadanía exige candidatos íntegros y comprometidos con el Estado de Derecho. La posibilidad de descalificar a aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones y en la democracia misma.

En los próximos días, la atención estará puesta en el TEPJF. Su decisión no solo definirá el futuro de los candidatos impugnados, sino que también sentará un precedente importante para futuras elecciones. La sociedad espera una resolución justa, imparcial y apegada a la ley, que garantice la integridad del proceso electoral y la legitimidad de los resultados. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el debate continúa abierto. ¿Prevalecerá la presunción de inocencia o la necesidad de asegurar la idoneidad de los candidatos? El tiempo lo dirá.