La histórica jornada del 1 de junio nos pone frente a un dilema crucial: ¿estamos ante un verdadero avance democrático o frente a una peligrosa politización de la justicia? La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la reforma constitucional de 2024, ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Si bien la necesidad de una reforma en el Poder Judicial es innegable, la simple elección popular no garantiza la imparcialidad y la eficacia que tanto anhelamos. De hecho, sin los mecanismos adecuados, corremos el riesgo de socavar los cimientos mismos de la justicia, convirtiéndola en un instrumento al servicio del poder político.

La baja participación proyectada, cercana al 15% del padrón electoral, levanta serias dudas sobre la representatividad y legitimidad de este proceso. Aún más preocupante es la autorización del Tribunal Electoral para que gobiernos y funcionarios promuevan la elección. Si bien fomentar la participación ciudadana es fundamental, esta promoción desde el poder abre la puerta a la manipulación y al favorecimiento de perfiles afines al oficialismo. La imparcialidad, principio rector de cualquier sistema judicial, se ve seriamente comprometida cuando la balanza se inclina hacia un lado desde el inicio del proceso.

Es imperativo comprender que la verdadera transformación del Poder Judicial no se limita a la elección popular. Requiere una reforma profunda que aborde los problemas de raíz: la necesidad de una carrera judicial sólida, con jueces altamente capacitados y evaluados de manera transparente; la asignación de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento óptimo; y, sobre todo, la protección de los jueces frente a presiones externas, ya sean políticas o provenientes del crimen organizado. Estos elementos cruciales brillan por su ausencia en la actual propuesta.

Ante este panorama, urge tomar medidas para contener los posibles daños. El INE y el Tribunal Electoral deben actuar con la firmeza necesaria para evitar el uso partidista de recursos públicos en esta elección. La simple observación no es suficiente; se requiere sancionar con rigor cualquier desvío. Asimismo, es indispensable iniciar un debate nacional sobre una segunda etapa de la reforma judicial, centrada en la profesionalización, la independencia real y la transparencia. Finalmente, la ciudadanía debe asumir un rol activo, informándose sobre los perfiles de los candidatos, cuestionando sus trayectorias y desconfiando de aquellos que solo cuentan con respaldo político, careciendo de méritos jurídicos.

El 1 de junio no solo elegiremos jueces; decidiremos el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que este proceso se contamine con intereses políticos, el daño será irreversible. Una justicia al servicio de un partido no es justicia, es un instrumento de control. Recordemos que una justicia débil no solo es inútil, sino también peligrosa, pues deja a la sociedad expuesta a la arbitrariedad y a la impunidad. El reto está en nuestras manos: construir un sistema judicial imparcial o normalizar la subordinación de los jueces al poder político. La elección es nuestra. Informémonos, participemos y exijamos una justicia verdaderamente independiente.