Una sombra de inquietud se cierne sobre las próximas elecciones del Poder Judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha lanzado una seria acusación: una veintena de candidatos a juzgadores, cuyos nombres aún se mantienen en reserva, tendrían un pasado ligado a la defensa de narcotraficantes. Esta revelación, hecha pública este miércoles, ha generado un terremoto político y una profunda preocupación en la ciudadanía. ¿Cómo es posible que individuos con presuntos vínculos con el crimen organizado aspiren a impartir justicia?

Noroña ha sido enfático: la próxima semana, el Senado presentará una impugnación formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque los nombres de los implicados ya figuran en las boletas electorales, la intención es clara: anular sus candidaturas y evitar que lleguen a ocupar un cargo de tan alta responsabilidad. La cifra, "no más de una veintena", según las palabras del propio Noroña, resulta alarmante y pone en tela de juicio los mecanismos de selección y escrutinio de los aspirantes.

El llamado del presidente del Senado ha resonado con fuerza: tanto el Poder Judicial como el INE deben asumir la responsabilidad de impedir la participación de candidatos con nexos con el narcotráfico. No se trata de un caso aislado, ha advertido, sino de una situación que exige una respuesta contundente y ejemplar. La imagen de un juez que sistemáticamente otorga amparos y libera a narcotraficantes es, sin duda, una pesadilla que no podemos permitir que se materialice.

La lucha contra el crimen organizado no puede ser una tarea exclusiva del poder ejecutivo. El Poder Judicial, como garante de la justicia y el Estado de Derecho, debe ser un bastión inexpugnable contra la corrupción y la infiltración del narcotráfico. Permitir que individuos con un pasado oscuro lleguen a ocupar puestos clave en la judicatura sería una traición a la confianza ciudadana y una grave amenaza para la democracia.

En conversaciones con Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, se ha confirmado la determinación de impugnar estas candidaturas. No se trata, ha insistido Noroña, de un capricho o un veto político, sino de una obligación moral y legal. La idoneidad de los candidatos es un requisito fundamental para garantizar la imparcialidad y la probidad del Poder Judicial.

La ciudadanía espera con expectación la resolución del Tribunal Electoral. La transparencia y la celeridad en este proceso son cruciales para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que las próximas elecciones judiciales sean un reflejo genuino de la voluntad popular. El futuro del Poder Judicial, y con él, el futuro de la justicia en México, están en juego. Es imperativo que se actúe con firmeza y determinación para erradicar cualquier vestigio de influencia del crimen organizado en el sistema judicial. La justicia no puede estar en manos de quienes han traicionado su juramento y se han puesto al servicio del narcotráfico.