La reciente inmovilización de cinco toneladas de mercurio líquido en el puerto de Manzanillo, Colima, ha destapado una preocupante realidad sobre el tráfico ilegal de sustancias peligrosas en nuestro país. Imaginen, cinco toneladas de un elemento tan tóxico camufladas en simples botes de pintura, con destino a Bolivia. Este intento de exportación clandestina, frustrado gracias a la eficaz colaboración entre la Profepa, la Agencia Nacional de Aduanas, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, nos obliga a reflexionar sobre la magnitud del problema y las graves consecuencias que podría haber desencadenado.

La sofisticación del método utilizado para ocultar el mercurio, empleando cubetas de pintura de aspecto común, demuestra la astucia de las redes criminales involucradas en este tipo de tráfico. No se trata de un incidente aislado, sino de una señal de alerta que nos exige reforzar los mecanismos de control y vigilancia en nuestras aduanas. ¿Cuántos cargamentos similares habrán logrado pasar desapercibidos? ¿Qué riesgos estamos corriendo como sociedad al permitir que estas sustancias tóxicas circulen libremente?

El mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública, representa una amenaza latente para la salud humana y el medio ambiente. Su exposición, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar daños irreversibles en el sistema nervioso, digestivo e inmunitario, además de afectar pulmones, riñones, piel y ojos. Las consecuencias son aún más graves en mujeres embarazadas y niños pequeños, cuyo desarrollo puede verse seriamente comprometido por la exposición a este metal pesado.

La magnitud del decomiso en Manzanillo, equivalente al peso de un elefante adulto, nos da una idea del impacto potencial que este cargamento podría haber tenido en la población boliviana. Es fundamental que las autoridades de ambos países colaboren estrechamente para identificar a los responsables de este delito y desmantelar las redes de tráfico que operan en la región.

Este caso también pone de manifiesto la importancia del Convenio de Minamata, un tratado internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos del mercurio. México, como país signatario de este acuerdo, tiene la obligación de implementar medidas para controlar la producción, el uso y el comercio de este metal. La inmovilización del cargamento en Manzanillo demuestra el compromiso de nuestro país con el cumplimiento de este convenio y la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias peligrosas.

Sin embargo, no basta con reaccionar ante los incidentes. Es necesario implementar estrategias preventivas que fortalezcan la seguridad en nuestras fronteras y dificulten la operación de estas redes criminales. La capacitación del personal aduanero, la inversión en tecnología de detección y el aumento de las penas para quienes se dedican al tráfico de sustancias peligrosas son medidas cruciales para proteger la salud de nuestra población y preservar el medio ambiente. El futuro de nuestro planeta depende de nuestra capacidad para combatir este tipo de delitos y garantizar un manejo responsable de las sustancias químicas.