La recuperación de los 27 espacios del ISSSTE, indebidamente cedidos a una fundación privada, marca un hito en la lucha contra la corrupción y el desmantelamiento institucional. Imaginen: cafeterías y máquinas expendedoras, instaladas dentro de hospitales y clínicas, generando ganancias para particulares a costa del bienestar de la derechohabiencia. Este escenario, que parece extraído de una película de ficción, fue la realidad que enfrentó el ISSSTE durante años. Un periodo oscuro donde el comodato gratuito se convirtió en una herramienta para el lucro privado, donde 15 de estos espacios fueron subarrendados a otras empresas, engrosando los bolsillos de unos pocos mientras los recursos que legítimamente pertenecían al Instituto se escurrían por canales opacos.

La batalla legal emprendida por el ISSSTE, iniciada en la administración anterior con una demanda civil, culminó con la recuperación total de estos espacios, ubicados en puntos estratégicos como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, hospitales regionales como el "Gral. Ignacio Zaragoza" y el "1° de Octubre", hospitales generales como el "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez" y el "Tacuba", clínicas familiares, oficinas de representación, e incluso velatorios. La lista es larga y dolorosa, un recordatorio tangible del alcance de la privatización y el saqueo que sufrió el Instituto. No se limitó a la Ciudad de México; la telaraña de la fundación se extendía a estados como el Estado de México, Morelos y Puebla, donde también se recuperaron espacios en hospitales de alta especialidad.

La justicia, aunque a veces lenta, finalmente se impuso. La fundación, reacia a devolver lo que no le pertenecía, fue obligada mediante la ejecución forzosa, un proceso que se extendió de febrero a abril de 2025. Cada espacio recuperado representa una victoria, un paso adelante en la reconstrucción del ISSSTE y en la dignificación de la atención a la derechohabiencia.

Pero la lucha no termina aquí. Aún queda pendiente la resolución del juicio de amparo por las oficinas administrativas que la fundación ocupa en el complejo de San Fernando. Y más allá de la recuperación de los espacios físicos, se libra otra batalla, la de la memoria y la rendición de cuentas. Es fundamental comprender cómo se llegó a esta situación, cómo se permitió que una fundación privada se apropiara de recursos públicos y se enriqueciera a costa del bienestar de los derechohabientes.

La revocación del nombre “Fundación ISSSTE, A.C.”, otorgada por la Secretaría de Economía, es otro golpe certero contra esta entidad que usurpó la identidad del Instituto. Se desmantela así la fachada de legitimidad que utilizaba para operar, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de sus actividades.

Este caso es un ejemplo paradigmático del desmantelamiento institucional que se vivió durante el periodo neoliberal. Un recordatorio de cómo se crearon instituciones privadas de intermediación para desviar recursos públicos, enriqueciendo a unos pocos mientras se debilitaba el Estado y se precarizaban los servicios públicos. El ISSSTE, como muchas otras instituciones, fue víctima de este esquema de saqueo. La recuperación de estos espacios es un símbolo de la lucha contra la corrupción, un paso firme hacia la transformación del Instituto y un compromiso con la derechohabiencia. Es una señal clara de que el pasado no se olvida y que se trabaja incansablemente para construir un futuro donde los recursos públicos se destinen a su verdadero fin: el bienestar de la población.