En un contundente golpe contra las prácticas irregulares en la venta de combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en una acción coordinada con la Dirección General de Combustibles, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ha impuesto una sanción ejemplar a dos gasolineras de la capital queretana. Las estaciones de servicio, Gaso Siete y Servicio El Retablo, fueron clausuradas por un periodo de 75 días, una medida drástica que refleja la gravedad de la infracción cometida.

La negativa a ser verificadas, el detonante de esta sanción, evidencia una preocupante falta de transparencia por parte de estos establecimientos. El operativo, programado para el pasado 13 de marzo, tenía como objetivo asegurar el cumplimiento de las normas y proteger los derechos de los consumidores. Sin embargo, el personal verificador de PROFECO se encontró con la resistencia de ambas gasolineras, impidiéndoles el acceso a las instalaciones.

Esta actitud obstruccionista, considerada una flagrante violación al artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no es un hecho aislado. Según la PROFECO, ambas estaciones tienen antecedentes de este tipo de prácticas, lo cual agravó la situación y justificó la severidad de la sanción. La reincidencia demuestra una clara falta de compromiso con la legalidad y un desdén por los derechos de los consumidores, quienes son los principales afectados por estas irregularidades.

Las consecuencias de esta actitud han sido contundentes. Ambas gasolineras, ubicadas estratégicamente en zonas de alto tránsito vehicular - Gaso Siete en la colonia San Gregorio y Servicio El Retablo en la Avenida Universidad Poniente - han visto sus operaciones interrumpidas por más de dos meses. La imagen de los sellos de clausura colocados en las bombas despachadoras, un símbolo visible de la sanción impuesta, sin duda impactará en la confianza de los consumidores.

Este operativo se enmarca en una estrategia nacional para combatir las prácticas fraudulentas en la venta de combustibles. La preocupación por la venta de litros incompletos y la posible comercialización de producto de origen ilícito ha llevado a las autoridades a intensificar las acciones de vigilancia y control. El mensaje es claro: no se tolerarán irregularidades que afecten el bolsillo de los consumidores y la transparencia del mercado.

La PROFECO, en coordinación con las demás instancias involucradas, reitera su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores. Los operativos de verificación continuarán en todo el país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar que los consumidores reciban lo que pagan por sus combustibles. La ciudadanía también juega un papel fundamental en esta lucha. Se exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad que observen en las estaciones de servicio, contribuyendo así a la construcción de un mercado más justo y transparente. La denuncia ciudadana es una herramienta poderosa que complementa los esfuerzos de las autoridades y ayuda a identificar los puntos críticos donde se requiere una mayor vigilancia. La colaboración entre sociedad y gobierno es clave para erradicar estas prácticas y garantizar la protección de los consumidores.