La posible llegada de Ángel Mario García Guerra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un intenso debate público. Sus declaraciones, cargadas de críticas al funcionamiento actual del máximo tribunal, prometen una visión renovadora, pero también plantean interrogantes sobre el rumbo que tomaría la justicia en México bajo su influencia. García Guerra, con una extensa trayectoria judicial en Nuevo León y una larga carrera docente, se presenta como una alternativa a lo que él considera un sistema judicial desconectado de la realidad del pueblo mexicano.

Su propuesta central, "regresar a la justicia", resuena con fuerza en un contexto donde la percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones son palpables. El candidato argumenta que la SCJN se ha perdido en el formalismo y en una interpretación rígida de la ley, olvidando la esencia misma de la justicia: la búsqueda de la equidad y la reparación del daño. Esta crítica, dirigida al corazón del Poder Judicial, abre un espacio para la reflexión sobre la eficacia y la pertinencia de los criterios utilizados en la impartición de justicia.

La acusación de García Guerra sobre la desconexión de los ministros con la ciudadanía es particularmente incisiva. Apunta directamente a los altos salarios y privilegios que, en su opinión, han creado una "burbuja de cristal" que aísla a los jueces de la realidad que viven la mayoría de los mexicanos. Esta distancia, según el candidato, se traduce en decisiones judiciales alejadas de las necesidades y los problemas del pueblo, especialmente en el ámbito penal.

El aspirante a ministro ilustra su argumento con el ejemplo de los criterios jurisprudenciales que, buscando una "investigación perfecta", terminan beneficiando a los delincuentes. Según su perspectiva, la rigidez en la aplicación de la ley, sin considerar las particularidades de cada caso, ha generado un sistema que, paradójicamente, protege a quienes violan la ley. Esta afirmación, sin duda polémica, pone sobre la mesa un debate crucial sobre el equilibrio entre el debido proceso y la búsqueda de la justicia.

La candidatura de García Guerra, con sus críticas y propuestas, se presenta como un desafío al statu quo del Poder Judicial. Su eventual llegada a la SCJN podría significar un cambio de paradigma en la interpretación y aplicación de la ley, con un enfoque más centrado en las necesidades del pueblo. Sin embargo, también plantea la necesidad de un análisis profundo sobre las implicaciones de sus planteamientos y la forma en que se traducirían en la práctica judicial. ¿Se trata de una propuesta viable para una justicia más cercana a la gente o de una visión que podría poner en riesgo la imparcialidad y la objetividad del sistema? El tiempo y el escrutinio público tendrán la última palabra.