La tranquilidad de Baja California Sur se ha visto sacudida por una ola de violencia que ha dejado a su paso la sombra de la incertidumbre y el temor. Dos ataques armados, ocurridos con apenas horas de diferencia, han puesto en relieve la fragilidad de la seguridad en la región y la penetración del crimen organizado. El primero de estos lamentables sucesos tuvo como víctima a Ulises “N”, titular del área de narcóticos de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La tarde del 22 de abril, la Calle del Tiro, en la colonia Camino Real de La Paz, se convirtió en el escenario de una ejecución que ha conmocionado a la sociedad sudcaliforniana. El estruendo de las balas rompió la calma vespertina, dejando tras de sí el cuerpo sin vida del funcionario, un recordatorio brutal de la violencia que acecha.

La pronta respuesta de las fuerzas de seguridad, representando a los tres niveles de gobierno, no pudo evitar el fatal desenlace. El acordonamiento de la zona y la meticulosa recolección de indicios marcan el inicio de una investigación que se espera arroje luz sobre los motivos y los autores de este crimen. La gravedad del hecho radica no solo en la pérdida de una vida humana, sino también en el cargo que ocupaba la víctima. Un ataque directo contra un funcionario de alto rango encargado de combatir el narcotráfico es una señal alarmante que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Este lamentable suceso evoca el fantasma del pasado, recordándonos el homicidio de Silvestre de la Toba, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ocurrido en 2018. Desde entonces, ningún funcionario en activo había sido víctima de un homicidio doloso en la entidad. La reaparición de este tipo de violencia genera una profunda preocupación y plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas en Baja California Sur.

Como si la tragedia en La Paz no fuera suficiente, la jornada del 22 de abril se tiñó aún más de sangre con un segundo ataque armado en el Sector Caligas de Guerrero Negro, municipio de Mulegé. En esta ocasión, la víctima fue un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien perdió la vida tras un ataque al vehículo en el que se transportaba. El incidente también dejó a otras personas lesionadas, aumentando el saldo de víctimas de esta ola de violencia.

Hasta el momento, las autoridades de los tres niveles de gobierno no han emitido información oficial sobre la identidad de los responsables ni sobre posibles detenciones relacionadas con estos hechos. La falta de información alimenta la incertidumbre y la especulación, generando un clima de desconfianza y temor entre la población. La sociedad sudcaliforniana exige respuestas y acciones concretas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué medidas se tomarán para esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia? ¿Se reforzarán las estrategias de seguridad en la región? Estas son las preguntas que resuenan en Baja California Sur, un estado que anhela recuperar la paz y la tranquilidad. La lucha contra la delincuencia organizada requiere un esfuerzo conjunto y coordinado entre las autoridades y la sociedad. Solo así se podrá construir un futuro más seguro y próspero para todos los sudcalifornianos.