La batalla legal de Juanita Guerra Mena contra Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género da un giro inesperado. Tras un largo y complejo periplo judicial, la Sala Superior del TEPJF ha reabierto el caso, desestimando la caducidad argumentada previamente. Este nuevo capítulo en la contienda legal promete arrojar luz sobre las acusaciones de la exdiputada, quien alega haber sido excluida de la organización del desfile conmemorativo del "Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos" y a la que, además, se le negó la instalación de un templete.

La decisión del TEPJF no solo revive el proceso, sino que también cuestiona el manejo previo del caso. Durante más de 20 meses, las autoridades de Morelos mantuvieron el control del asunto, a pesar de haber sido declaradas incompetentes. Este tiempo perdido, según el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, no debe ser contabilizado dentro del plazo de caducidad. La Sala Superior, en una decisión unánime, ha determinado que el reloj judicial se detuvo mientras las autoridades incorrectas llevaban las riendas del proceso. Esto significa que la Unidad Técnica del INE, ahora con la competencia restituida, tiene la oportunidad de investigar a fondo las acusaciones y determinar si existió o no violencia política de género.

Este caso se convierte en un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género en México. La decisión del TEPJF envía un mensaje claro: las maniobras dilatorias y la incompetencia de las autoridades no pueden ser utilizadas para silenciar las denuncias y perpetuar la impunidad. Además, pone de manifiesto la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia, ya que la exdiputada Guerra Mena, a pesar de los obstáculos y las negativas, continuó su lucha hasta lograr que su voz fuera escuchada en la máxima instancia electoral.

La Sala Especializada ahora tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y apegada a derecho. La sociedad estará atenta a la resolución final, esperando que se haga justicia y que este caso sirva para sentar las bases de un futuro donde la participación política de las mujeres esté libre de violencia y discriminación. ¿Será este el punto de inflexión en la carrera política de Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión para la lucha contra la violencia política en género? El tiempo y la justicia tendrán la última palabra.

La revocación de la caducidad por parte del TEPJF abre un nuevo frente en la ya compleja relación entre el exfutbolista y la política. Desde su llegada a la gubernatura de Morelos, Blanco ha estado envuelto en diversas controversias, y este nuevo capítulo promete añadir más leña al fuego. La opinión pública se encuentra dividida, entre quienes apoyan la decisión del tribunal y quienes la ven como una persecución política. Mientras tanto, la figura de Juanita Guerra Mena se fortalece como un símbolo de la resistencia contra la violencia política de género.

La pregunta que queda en el aire es: ¿qué sucederá ahora? ¿La Sala Especializada encontrará suficientes pruebas para sancionar a Cuauhtémoc Blanco? ¿O se tratará de otro capítulo más en la larga lista de impunidades que plagan el sistema político mexicano? El futuro de este caso es incierto, pero una cosa es segura: la lucha contra la violencia política de género apenas comienza, y este caso se convertirá sin duda en un parteaguas para futuras denuncias.

Más allá del resultado final, este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. La violencia política de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también socava la democracia y limita la representación de las mujeres en los espacios de poder. Es crucial que las instituciones actúen con diligencia y que la sociedad en su conjunto rechace cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres en la política.