La profunda reflexión del Ministro González Alcántara Carrancá sobre la crisis de legalidad, a la luz del garantismo de Ferrajoli y el tango "Cambalache" de Discépolo, nos invita a un análisis urgente del estado actual de nuestro sistema jurídico. No se trata de una simple queja nostálgica por un pasado idealizado, sino de una preocupante constatación: las reglas del juego, diseñadas para garantizar la justicia y la equidad, son ignoradas, manipuladas y, en muchos casos, abiertamente transgredidas por quienes deberían ser sus principales garantes.

La paradoja es lacerante. Aquellos que participan en la creación de las leyes, ya sea desde el poder legislativo o judicial, parecen desconocer o, peor aún, renegar de sus propias "paternidades legislativas". Se promulgan normas y, al poco tiempo, se las ignora, se las retuerce o se las ataca con la misma vehemencia con la que se defendieron en su momento. Este comportamiento, que raya en la esquizofrenia jurídica, no solo erosiona la credibilidad del sistema, sino que siembra la semilla de la impunidad y el cinismo.

Por otro lado, aquellos que participan en los procesos regulados por estas normas, como el proceso electoral mencionado por el Ministro, actúan con una preocupante despreocupación por las reglas establecidas. Se las saltan, las ignoran o las interpretan a su conveniencia, como si fueran un traje a la medida que se ajusta o se desabrocha según la necesidad del momento. Esta actitud, lejos de ser una muestra de astucia o pragmatismo, revela una profunda falta de respeto por el Estado de Derecho y por los principios democráticos que lo sustentan.

La imagen que nos presenta el Ministro es desoladora: un escenario donde la legalidad se ha convertido en un concepto vacío, un cascarón sin contenido. "Ya no hay diferencia entre quienes cumplen lo mandatado y los que olímpicamente desoyen la voz del Derecho", afirma con contundencia. Esta indiferencia generalizada ante las normas, esta "anomia jurídica" como la podrían llamar algunos, nos lleva a preguntarnos: ¿qué sentido tiene crear leyes si no se van a respetar? ¿Qué valor tiene el Derecho si se convierte en un instrumento al servicio de los intereses particulares?

El ejemplo del proceso electoral para cargos judiciales, con sus candados y prohibiciones ignoradas tanto por los poderes públicos como por los candidatos, ilustra a la perfección esta crisis de legalidad. Se diseñan mecanismos para garantizar la transparencia y la imparcialidad, pero se los sabotea desde dentro, convirtiendo el proceso en una farsa. La queja posterior, la indignación fingida ante las supuestas irregularidades, no es más que una muestra de hipocresía.

La cita de "Cambalache", ese tango inmortal que retrata la decadencia moral de una sociedad, cobra una vigencia escalofriante en el contexto actual. La frase "hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor" resume a la perfección el sentimiento de desencanto y frustración que genera la impunidad y la falta de respeto por las leyes. Pareciera que, en efecto, todo da igual, que no hay diferencia entre el honesto y el corrupto, entre el que cumple la ley y el que la viola.

Ante este panorama desolador, la pregunta es inevitable: ¿cómo reconstruir la confianza en el sistema? ¿cómo recuperar el valor de la legalidad? El camino no es fácil, pero comienza por reconocer la gravedad del problema y por asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. No se trata solo de exigir que se cumplan las leyes, sino de crear una cultura de respeto por el Derecho, una cultura donde la legalidad no sea vista como un obstáculo, sino como la base fundamental de una sociedad justa y democrática. El desafío es grande, pero la alternativa, la anomia y el caos, es simplemente inaceptable.