En un mundo cada vez más digitalizado, donde la inteligencia artificial (IA) se integra a pasos agigantados en nuestra cotidianidad, la protección de los más vulnerables se convierte en una prioridad ineludible. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la ley que reconoce el derecho de la infancia de Zacatecas a vivir libres de violencia generada por la IA, marca un hito fundamental en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Este fallo no solo sienta un precedente legal crucial, sino que también nos invita a reflexionar sobre los desafíos y responsabilidades que conlleva la irrupción de estas nuevas tecnologías.

La discusión en torno a la "indeterminación" del término "Inteligencia Artificial" planteada en la impugnación, queda eclipsada por la contundente respuesta de la SCJN: la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, y la ley debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esta constante evolución sin perder su propósito protector. Pretender definir rígidamente un concepto en perpetua transformación sería un despropósito, limitaría la capacidad de la ley para amparar a la infancia frente a las nuevas formas de violencia digital que puedan surgir.

La intervención de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la sesión del Pleno, resalta la particular vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio. Su argumentación, precisa y concisa, pone el dedo en la llaga al señalar la creciente sofisticación de los contenidos generados por IA, que difuminan la línea entre lo real y lo artificial, exponiendo a los menores a un mayor riesgo de manipulación, engaño e interacciones peligrosas. Imaginemos, por ejemplo, la creación de "deepfakes" hiperrealistas que puedan ser utilizados para el ciberacoso, la extorsión o incluso la suplantación de identidad, situaciones que pueden tener consecuencias devastadoras en el desarrollo psicoemocional de un niño o adolescente.

La violencia digital mediada por la IA no es una amenaza abstracta, sino una realidad palpable. La facilidad con la que se pueden crear y difundir contenidos manipulados, falsos o de índole sexual a través de estas herramientas, amplifica el impacto de la violencia y dificulta su control. La Ministra Esquivel acierta al señalar que esta disposición legal no solo tiene un carácter preventivo, sino que también allana el camino para la persecución penal de estas conductas delictivas y fortalece el acceso a la reparación del daño a las víctimas.

Más allá del ámbito legal, la decisión de la SCJN nos interpela como sociedad. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de mundo digital estamos construyendo para las futuras generaciones. La tecnología, en sí misma, no es ni buena ni mala, es el uso que le damos lo que la define. Es imperativo que asumamos la responsabilidad de educar a niñas, niños y adolescentes en el uso responsable y crítico de las tecnologías, dotándoles de las herramientas necesarias para navegar con seguridad en el ciberespacio y protegerse de los riesgos que este conlleva.

El llamado de la Ministra Esquivel a "garantizar para las niñas, niños y adolescentes un entorno digital más seguro" resuena con fuerza. No se trata solo de una declaración de intenciones, sino de un compromiso que debemos asumir como sociedad. La protección de la infancia en la era digital no es una opción, es una obligación. Es una inversión en el futuro, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y segura para todos.