La reciente declaración de la Ministra Lenia Batres Guadarrama ha destapado una olla de presión en el Poder Judicial Federal. Sus palabras, resonando en la plaza central de Tláhuac, no sólo denuncian la existencia de 2,377 altos funcionarios con salarios superiores al del Presidente de la República, una clara violación al artículo 127 constitucional, sino que también ponen el dedo en la llaga de un sistema judicial que, según sus palabras, se ha acostumbrado a interpretar la ley a su conveniencia. Este hecho, de por sí escandaloso, se agrava aún más al considerar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial del país, apenas este año aceptó ajustar los salarios de sus ministros, aunque –y esto es crucial– aún falta la adecuación de las prestaciones, que también forman parte de las remuneraciones.

La Ministra Batres Guadarrama no se limitó a señalar la disparidad salarial, sino que también cuestionó la desconexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Hizo hincapié en el lenguaje utilizado en las sentencias, plagado de tecnicismos, latinismos y frases rebuscadas que dificultan su comprensión para el ciudadano común. Este lenguaje críptico, lejos de promover la transparencia y el acceso a la justicia, construye un muro entre las instituciones y las personas a las que deben servir. La justicia, para ser efectiva, debe ser comprensible para todos, no solo para unos cuantos privilegiados. Una sentencia que no se entiende, es una sentencia que no cumple su propósito fundamental: impartir justicia de manera clara y accesible.

La apelación al "lenguaje llano y simple" que hace la Ministra no es una cuestión meramente estética, sino una demanda de fondo. Se trata de democratizar el acceso a la justicia, de hacerla tangible y comprensible para quienes, en última instancia, son sus destinatarios. La justicia no puede ser un privilegio de unos pocos, debe ser un derecho ejercido con plena conciencia y comprensión por todos los ciudadanos. El uso de un lenguaje claro y accesible es un paso fundamental en esa dirección.

El llamado final de la Ministra Batres Guadarrama a la participación ciudadana, instando a votar el primero de junio, añade una dimensión política a sus declaraciones. La exhortación a no dejar pasar esta "oportunidad histórica" para que el Poder Judicial responda a los intereses del pueblo mexicano, sitúa la problemática de los salarios y el lenguaje judicial en un contexto más amplio. Se trata, en definitiva, de un llamado a la transformación del sistema judicial, a una justicia más cercana, más transparente y, sobre todo, más justa para todos. La invitación a la participación ciudadana no se limita a un acto electoral, sino que se extiende a la vigilancia y la exigencia de un Poder Judicial que esté a la altura de las necesidades del país.

La intervención de la Ministra Batres Guadarrama abre un debate fundamental sobre el funcionamiento del Poder Judicial en México. Sus palabras, cargadas de significado, no solo cuestionan las prácticas actuales, sino que también apuntan hacia un futuro donde la justicia sea verdaderamente accesible para todos los mexicanos. El camino hacia esa justicia anhelada, sin embargo, requiere de la participación activa de la ciudadanía, de un compromiso colectivo para construir un sistema judicial más transparente, más equitativo y, sobre todo, más cercano a la gente. La tarea es grande, el desafío es complejo, pero la esperanza, alimentada por voces como la de la Ministra Batres Guadarrama, se mantiene viva.