La crisis de desapariciones en México es una herida abierta que exige atención inmediata y acciones contundentes. El diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los colectivos de madres y padres buscadores es un paso crucial, aunque insuficiente, en el camino hacia la verdad y la justicia. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, ha expresado el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo el dolor y la lucha incansable de estos familiares. Sin embargo, las palabras deben traducirse en hechos concretos que brinden resultados tangibles.

Es alentador escuchar que se busca un diálogo permanente y la retroalimentación con los colectivos. La experiencia y el conocimiento de quienes viven día a día la angustia de la desaparición son invaluables para el diseño de estrategias efectivas. El decreto presidencial que fortalece los procesos de búsqueda y las propuestas de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición son avances significativos, pero su implementación requiere un seguimiento riguroso y la participación activa de la sociedad civil.

La creación de una Plataforma Única de Identidad desde el nacimiento es una medida fundamental para prevenir futuras desapariciones y agilizar los procesos de identificación. La Alerta Nacional para la Búsqueda, con activación inmediata en todo el país, también representa un gran avance, pero su eficacia dependerá de la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales y la colaboración de la sociedad en su conjunto.

Es imperativo que las fiscalías y procuradurías de justicia estatales y federal trabajen en conjunto, compartiendo información y recursos para maximizar las posibilidades de éxito en las investigaciones. La creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, actualizada en tiempo real, permitirá tener una visión global del problema y evitar la duplicidad de esfuerzos.

La participación del sector privado, como laboratorios, funerarias y hospitales, es igualmente importante. El acceso a sus bases de datos y registros biométricos puede ser determinante para la identificación de personas desaparecidas. Es necesario establecer mecanismos que garanticen la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales.

La capacitación y profesionalización del personal ministerial, policial y pericial es esencial para asegurar una investigación exhaustiva y respetuosa de los derechos humanos. La impunidad no puede ser tolerada, y quienes obstaculicen la justicia deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

La lucha contra la corrupción y la omisión en la sistematización de la información son retos cruciales que deben ser abordados con firmeza. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para construir la confianza entre la sociedad y las instituciones.

Más allá de las medidas gubernamentales, es necesario fomentar una cultura de solidaridad y empatía con las víctimas de la desaparición. La sociedad en su conjunto debe involucrarse en la búsqueda de la verdad y la justicia, exigiendo a las autoridades que cumplan con su deber y acompañando a los familiares en su lucha incansable. No podemos permitir que la indiferencia se imponga ante el dolor y la desesperanza. La memoria de las personas desaparecidas debe ser un motor para la construcción de un país más justo y seguro para todos. El camino es largo y complejo, pero la esperanza de encontrar a sus seres queridos y obtener justicia debe ser el faro que guíe los pasos de las familias y de la sociedad en su conjunto.